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jueves, 3 de febrero de 2022

LECCIONES DE MARKETING : LA SEGUNDA MARCA

El Barón de la Florida da clase de marketing a las 15 horas de la tarde, una hora propicia para la siesta, los alumnos, cincuenta muchachas y muchachos de veinte años de edad, se dedican a cosas propias de su juventud mientras el profesor diserta y pasa diapositivas de colores en una pantalla, al fin y al cabo tendrán los apuntes colgados en la plataforma universitaria y, como la pandemia ha demostrado, venir a clase tiene otros incentivos distintos que la sabiduría, sea ésta mejor que el oro o no. Pero el profesor cumple con su tarea con entusiasmo y acaba una botella de agua mineral guipuzcoana por clase.

- La estrategia de segunda marca es una acción de marketing por la que una empresa que tiene una marca en un  sector del mercado lanza una segunda marca del mismo producto para expandir su negocio a otros consumidores que no están atraídos por su marca consolidada. Esta estrategia se ha utilizado en la política española reciente, así el Movimiento Nacional Católico y Financiero que tiene al PP como marca de referencia ha puesto en circulación Ciudadanos y posteriormente Vox con la idea de captar consumidores quemados por la actuación del PP cuando gana elecciones y obtiene cuota de poder. Al MNCF no le importa que sus mandatarios administren mal y desvíen fondos públicos a sus bolsillos particulares, al contrario, esas conductas confirman la fidelidad de los mismos a los valores eternos del MNCF, pero los consumidores de ruedas de molino, que son muy fieles a la ideología que se les vende desde la red de difusión de mensajes del propio MNCF, sin embargo, algunas veces estos votantes sienten envidia por no poder chupar del mismo bote de fondos públicos que los electos y castigan con la abstención a la marca más vieja PP. Así tuvieron que crear Ciudadanos, apuesta equivocada porque se basaba en que los consumidores sentían repugnancia y no envidia del saqueo a la sociedad que realizaban los afortunados líderes del PP. Los votantes de la marca Ciudadanos resultaron no ser el objetivo de la estrategia oportunista del MNCF y fueron volviendo a la abstención o a la vieja marca, así que, con más meditación y asesoramientos externos, sacaron al mercado Vox y, sin tapujos, lo presentaron como la misma mierda de siempre, al menos desde el 18 de julio de 1936, pero sin los escrúpulos de las apariencias civilizadas del PP. La operación está siendo un éxito, los votantes desencantados del PP, al que veían light por su envoltorio y su branding en general, esos mismos votantes se adhieren a consumirlo sin « mariconadas », a granel, con esta segunda marca del MNCF, es lo que hay. España y yo somos así señora, que dijo el otro. Y esto es todo por hoy, mañana más y mejor... quizás.


El Barón de la Florida recoge su ordenador, su cartera y su abrigo y sale corriendo del aula  hacia el retrete de profesores, la vejiga cada vez le mete más prisa.




miércoles, 19 de enero de 2022

HACE 50 AÑOS ME COLEGIÉ


No tenía la más mínima intención de colegiarme como abogado, la más mínima. Había acabado la carrera de derecho en 1971 en la Universidad de Deusto, donde había iniciado mis estudios en la Universidad Comercial con la idea de dedicarme a la Administración de Empresa por un pacto con mi madre que no quiso que estudiase periodismo – “profesión de borrachos y de puteros” decía mi madre -, pero el padre Bernaola se cruzó en mi camino y me encontré en cuarto de derecho involuntariamente, porque había que estudiar asignaturas de derecho dentro del programa de Ciencias Económicas, ya que se me cerró la gran puerta de la Comercial de Deusto.

Aquel 1972 lo pasé trabajando de contable un poco, haciendo la reválida del título para que deviniera oficial y presentándome a puestos de trabajo de vez en cuando y sin gran entusiasmo hasta que me cogieron en el Credit Lyonnais, más por mis conocimientos de rugby y de francés que por otra cosa. Pero a mi hermano le pusieron un pleito y, en vez de hacer lo lógico, se empeñó en que yo le defendiera, así que me pagó la colegiación y la suscripción inicial del Aranzadi.


Contra toda probabilidad, aquel pleito se ganó, mi hermano me regaló una placa y me dejó un hueco en la oficina, en horario de tarde compatible con el de la banca, por allí empezaron a pasar gentes varias con sus problemas, unos tenían solución jurídica, otros no, pero incluso los que perdían me mandaban más clientes, lo que me obligó a estudiar derecho como nunca antes había hecho, me di cuenta que había aprendido mucha más materia de lo que pensaba  y eso me facilitaba encontrar en el Aranzadi respuestas a las dudas que me asaltaban.

Me fui casando y teniendo hijos, a la vez que, quizá por ser rojo, los trabajadores eran mayoritarios entre mis clientes, los coletazos de la tiranía nacional católica enviaron a Paco Idiáquez al exilio y tuve que sustituirle sin pensarlo como abogado de Comisiones Obreras, en la clandestinidad aún, gracias a un impulso decisivo de José Ramón Recalde, al que había conocido durante la carrera por un evento marxista que organicé como delegado de Facultad.

Dejé el banco, dejé el amparo de mi hermano, me dediqué exclusivamente a Comisiones Obreras con la colaboración esencial de Mikel Corcuera, un gran tipo siempre. Y nos hicieron legales, Franco se había muerto y sus empleadores nos otorgaron un régimen menos totalitario pero bastante perverso. 

Recalde me impulsó de nuevo en 1977 para dar la asignatura de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la ESTE de los EUTG que dependía de los jesuitas y que, con el tiempo, vino a integrarse en la Universidad de Deusto, donde yo ya había dado Derecho Bancario por recomendación de un camarada comunista, José Luis Sanz.

También en 1977, CCOO hizo que los camaradas abogados de sus servicios jurídicos nos integráramos en una sola organización, así que Mikel y yo acogimos en el seno de nuestro despacho a un conocido de mi infancia Joshelu Yarza que llegó acompañado de un reservado gallego José Luis Martínez y de dos elementos más José Mari Abad y Manolo Díaz de Rábago, un extrafalario madrileño, a los que se sumó Javier Hernáez. Así y con las secretarias como socias en igualdad de derechos y deberes nació Asesoría Jurídica Lan.

La historia del despacho colectivo durante los siguientes 28 años, su transformación en otra cosa a base de operaciones quirúrgicas traumáticas con amputaciones y trasplantes, algunos sufrieron rechazo, cirugía estética, los consejos de guerra, el brainstorming soviético con objetivo del máximo beneficio económico, las contradicciones entre ética y dinero en el seno de la familia, la confusión entre mafia y amistad, batzoki o puticlub… en resumen, sueños y pesadillas que dejaron cicatrices, no sólo síquicas, en mi.

En 2005 me  encontré solo en la vida profesional de abogado de nuevo, me seguía sin gustar lo de ser abogado, sobre todo fuera de sala. Alfonso Ruiz me despertó y me llevó de nuevo a la vida del Derecho, un acto de bondad banal pero de consecuencias imprevisibles el que realizó este excelente abogado. Yo solo me compliqué la vida durante unos años volviendo a crear un despacho que duró hasta que miré para otro lado, la edad me llevaba cada vez más a otros intereses, así que he ido pasando mi placa por cuatro direcciones distintas hasta esta última, inexplicablemente a coger la silla que había dejado caliente Alfonso.

Y el 9 de noviembre de 2022 hago 50 años de colegiado y no sé por qué aún.  

  DESPACHO ACTUAL

jueves, 18 de noviembre de 2021

AMNESIAS Y MEMORIAS



- Le pegó una paliza y la violó. Después, obligados por las circunstancias, se casaron, él no hizo nada para hacerse perdonar, y le impidió a ella olvidar lo que había sufrido. La muy rencorosa le estuvo recordando 42 años la paliza y la violación…

Dijo Galtzagorri, cerrando el periódico y dejándolo en el otro extremo de la mesa, mientras Manu Majors llegaba, se quitaba la mascarilla, hacía la señal de ronda hacia la barra y se sentaba a su lado, de espaldas a la televisión encendida.

- ¿Qué dices? ¿Quién se ha casado con su violador?

- Es una parábola, una forma de hablar, la democracia en España fue violada, descuartizada, yo qué sé..., en todo caso la derecha española, la derecha de verdad, la financiera, religiosa, militar, cavernícola… durante cuarenta años de dictadura brutal y asesina tuvo a la democracia sometida a sus palizas, desprecios y violaciones ¿O no?

- Dímelo a mi, que era un adolescente cuando el sapo gallego se murió en la cama y no entendía la discreta alegría de mi madre y del abuelo, que se acabó una botella de Dom Perignon, aquella noche de noviembre del 75, luego fui entendiendo poco a poco.

- Yo estaba ya metido en algunos berenjenales y fui testigo de movimientos y jugadas que acabaron en el hara kiri del franquismo y el otorgamiento de las primeras elecciones abiertas a los que representaban la democracia que las ganó el franquismo social y que dio origen a la constitución vigente, la única posible, dadas las circunstancias interiores y exteriores de esta españa nuestra.

- En mi casa había división, por parte de mi padre y su familia temían que la democracia acabara en una revolución comunista o así. Mi familia materna ni entonces ni después han estado contentos con la evolución de las cosas, aun hay recuerdos de abuelos desaparecidos en alguna fosa no localizada, de confiscaciones irreversibles que dieron origen a fortunas de algunos que se apuntaron al bando de los nazis victoriosos y que, por esas cosas de la vida, alguno de ellos estuvo a punto de ser mi suegro, menos mal que la pija de su niña tuvo la brillante idea de irse a Londres a aprender inglés y deshacerse del embarazo y no conducirme al altar ¡Qué tiempos los de la transición española!

- Pues eso, que cada vez que se toca el tema de que el perdón a lo que ellos, los de la derecha, llaman franquismo por no llamarle monarquía o simplemente derecha española, que ese perdón a los crímenes del nazismo español que ellos tanto añoran es nulo de pleno derecho, porque fue consecuencia del miedo que los demócratas teníamos, que todo el pueblo o lo que quedaba del pueblo tenía a la violencia del estado fascista, tan presente siempre, nos hablan de rencor, de que no queremos olvidar, de que queremos resucitar la guerra civil ¿Es que aquello fue una guerra civil? En resumen, que me recuerda esa institución jurídica que existe en otras sociedades monárquicas, cavernícolas, religiosas y militares, de que si el violador acepta casarse con la violada y la violada también, todo queda en orden, pero si el violador no acepta, se le lapida a la violada hasta la muerte por haber provocado los instintos del violador…

Y ambos dos, Galtzagorri y Majors, bebieron un sorbo de vermú, después de brindar en silencio, el programa de Ana Rosa acababa en la televisión de la cafetería.

martes, 3 de agosto de 2021

GLOTOFOBIA Y EDUCACIÓN EN EUSKADI


Una forma de discriminación que se centra en la lengua y en los acentos es la que se conoce con el nombre de glotofobia – no confundir con glosofobia, miedo a hablar en público -. 

El nacionalismo español ha puesto últimamente en primer plano, desde el castellano, su glotofobia a las otras lenguas españolas e, incluso, a los acentos con los que se habla el castellano fuera del privilegiado centro urbano de Madrid.

Glotofobia de la lengua vascuence hubo en la ideología de los golpistas del 18 de julio de 1936 y en el régimen totalitario que impusieron a sangre y fuego en España después. Los que nacimos ya en los años 40 del siglo XX conocimos formas atenuadas de ello, la Academia de la Lengua Vasca resucitó en 1948 y los curas y frailes predicaban la formación del espíritu nacional católico en euskera desde bastante antes, sin embargo, lo de quitarse el acento de “cashero” era una exigencia escolar y familiar, las madres velaban porque sus hijos no parecieran tan “jebos” como sus abuelos.

Personalmente en mi cerebro hay un caos lingüístico de lenguas maternas, en mi familia se hablaba mucho en francés y desde niño he soñado y recuperado el conocimiento después de anestesias y conmociones hablando en francés, idioma en el que tengo un acento español indeleble en la actualidad.

He leído en prensa que “... a pesar de que los estudiantes dedican a la lengua el doble de horas que a otras materias y más tiempo que el resto de comunidades y de muchos países europeos. Aún así, casi uno de cada cuatro estudiantes llega a los 15 años con un nivel bajo en lengua. Significa que esos alumnos «no son suficientemente competentes como para integrarse en la vida social y laboral con las mismas posibilidades que el resto de personas de su edad», según define la OCDE en la evaluación internacional PISA” Según el Departamento de Educación del Gobierno Vasco en el informe 'Diagnóstico del sistema educativo vasco'.


Mi experiencia de enseñante en la Universidad y en el rugby me hacía ser más pesimista que el Departamento Educativo, yo creía que los resultados eran peores. Con todo, son malos resultados. Pero la causa de estos resultados se encuentra en la sociedad vasca, no solo en las aulas de la educación vasca.

Entre un 17 y un 24% de los niños vascos tienen el euskera como lengua materna (Datos oficiales que juzgo optimistas desde mis vivencias) y, sin embargo, el mensaje social que todos reciben, el 100%, es que el euskera es la lengua de los vascos, este mensaje se remacha en la educación en euskera, de modo que se provoca en la mayoría, de un 76 a un 83%, de los niños el problema irresoluble de que la lengua que han mamado desde su concepción les ha enajenado de la lengua que les identifica como vascos, su madre les ha privado de una parte de su ser social. Y todos los mensajes que va a recibir, incluso de su enajenadora propia madre, en su infancia, desde los “marrazki bizidunak”, los payasos, los juegos en el barrio, las actividades lúdicas hasta su libreta de ahorro, todos los mensajes se derivan de la idea de que el euskera es el corazón del pueblo vasco, aunque no lo hable ni dios por lo demás.  

Esquizofrenia adquirida y que provoca la múltiple reacción de defensa del evolucionado cerebro del ser humano. Cada niño es un mundo, habrá quienes odien el castellano – sin que sea necesario que se les inculque este odio por lobos militantes del odio al castellano disfrazados de ovejas andereño -, habrá quienes odien el euskera – lo mismo de innecesariamente en cuanto al lobo hispánico disfrazado de liberador campeador burgalés -, habrá quienes odien las dos lenguas o las tres, si añadimos el inglés como suprema “lengua del imperio”, habrá quienes pasen por las asignaturas como bajo el inevitable sirimiri, habrá, estoy seguro, quienes acaben amando las lenguas - pero éstos no jugarán en el equipo de fútbol de la escuela-,  y demás casos innumerables. Pero el resultado final es que estamos donde estamos y estamos mal.

Hay soluciones, soluciones que se pueden construir desde la realidad, no confundiendo el sueño ideológico de una Euskadi inexistente con la Euskadi que nos ha tocado, realidad mezclada con amor, amor por el euskera y amor por el castellano -es posible amar dos lenguas y hasta tres o más -, pero eso es imposible, lo hemos hecho imposible entre todos, no sólo los nacionalistas vascos irredentos, no sólo los nacionalistas españoles iluminados. Los próximos resultados serán peores, las glotofobias conscientes e inconscientes nos han pillado sin vacunarnos, palabra de jacobino.

 

   



miércoles, 5 de mayo de 2021

Y GRITABAN LIBERTAD




En la Comunidad de Madrid ha ganado la mandataria de la familia más nocturna y putera de ese conglomerado de intereses familiares que es la mafia financiera y religiosa que usa las siglas PP para atenerse a la legalidad vigente homologada por Europa - la dictadura dejó de ser aceptable cuando se les murió el conserje militar que les cuidaba la finca -. Isabel Díaz Ayuso ha demostrado ser capaz de robarle el marido a Leticia Ortiz sin contrición ni atrición posteriores y de llevar a que le voten los madrileños de Madrid, villa y corte, en bloque, como la inmensa quinta columna salió cara al sol cuando sus tropas aliadas, aliadas del poder de siempre, les liberaron de la libertad.

La desolación es evidente en los ingenuos que esperan que el PSOE haga política, eterna promesa frustrada, y no que sus egoístas dirigentes se dediquen a cuidar su libreta de ahorro, el experimento universitario de Monedero e Iglesias ha causado más efectos secundarios que resultados y Errejón se ha quedado solo en casa rodeado de los hideputa de la prensa señorita, no hay un medio tradicional en España que no haya perdido la independencia y que no ladre a los hambrientos que intentan recoger los frutos que se pudren al pie del árbol de la hacienda heredada, así que solo la canallesca refugiada en la  red nos lame estas heridas.

Volvamos a las bases, al día a día, a arrancar al sistema lo que nos han arrebatado en un pis-pas después de todo lo que nos costó conseguir, a ganarnos la sociedad civil contra los inmensos poderes de los de siempre… los de siempre esperan que hagamos lo que no hizo Sísifo y utilicemos la piedra para aplastarles el cráneo - claro que dan ganas de incendiar las calles -, pero no se puede aplastar el cráneo del medio millón de familias de funcionarios que cobran del aparato del estado y que, teniendo asegurado el plato de cocido madrileño con los impuestos, gritan “libertad” porque hace tiempo que, con tanto pan y circo, amortizaron el “vivan las caenas” que llevan grabado a fuego en su testuz.

¿No hay nada que hacer? Al contrario, está todo por hacer.    

lunes, 15 de febrero de 2021

FILOSOFÍA DEL DERECHO

“Yo confío en la justicia”, cuando oigo a alguien decir esta oración, lo primero que pienso es que es un sinvergüenza, pero, a veces, no lo dicen sinvergüenzas sino tontos, e incluso, lo he oído decir a gente que ha tenido un cierto trato con la justicia y que les ha ido bien en aquella primera ocasión. Nunca he oído a alguien repetir dos veces la frase y sigo pensando que quien dice que confía en la justicia o es sinvergüenza o tonto.

“Con la verdad se puede ir a todas partes”, otra frase insensata que se oye en la entrada del palacio de Justicia con frecuencia. Mi querido Artemio Zarco, un gran letrado y un personaje inolvidable, solía responder a ella “Incluso, a Martutene”, esto es, diciendo la verdad se puede ir a la cárcel pues Martutene es la prisión provincial de Gipuzkoa, por ahora. Porque el problema es que la verdad del que la dice en el proceso no es la verdad que es escucha por el Tribunal, el Tribunal selecciona de lo que se dice lo que confirma su verdad interna y no oye todo aquello que se opone a su verdad. O sea que si los hechos que el Tribunal tiene en su mente abren la puerta de la cárcel, ninguna verdad que se diga la mantendrá cerrada.

“Lo que ha declarado es falso” o es mentira ¡Cuántas veces alguien lo dice después de un testimonio! Muchas veces, la declaración oida es convincente a todas luces. La mentira no es lo contrario de la verdad en un proceso, la mentira en sala es una verdad distinta, a veces, cuanta más sinceridad hay en quien miente, esa verdad es tan distinta que no se parece en nada a la realidad pero hay que aceptar esta paradoja, viene con las reglas del juego. Hay quien dice la verdad y el Tribunal no le cree pero el Tribunal cree a quien miente porque quiere creerle, aunque su declaración vaya contra la lógica o las leyes de la física. 

“Cuando te quieren condenar, te condenan, cuanto te quieren absolver, te absuelven. Uds. No se esfuercen tanto en la argumentación jurídica, el Tribunal buscará los argumentos para justificar el fallo. Su tarea como abogados es caerle mejor al Tribunal que el contrario para que así les quiera dar la razón” Más o menos era lo que nos decía el Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Deusto hacia el año 1969.   

“Qu’un juge soit con est inévitable, qu’un con soit juge est une catastrophe” Incluso el mejor juez puede tener un día tonto, eso es inevitable, pero cuando un tonto llega a juez, se le dota de un poder tan ilimitado como el de juzgar, el de resolver sobre vidas y haciendas… ¡Qué catástrofe! El daño que causa es irremediable siempre, siempre.




viernes, 27 de marzo de 2020

DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO

Me acuerdo de niño, enfermo de sinusitis como siempre, en el dormitorio materno la cama delante del espejo del armario ropero, mi primer escenario donde jugar a representar personajes en monólogos improvisados sobre todos los dramas infantiles que vivía, avergonzado cuando era sorprendido ¿Con quién hablas? Otras veces, haciendo muñecos de papel para jugar sobre la almohada como plató, siendo quien manipulaba y el espectador que observaba en el espejo la comedia incomprensible ¿No juegas con los indios y vaqueros que te hemos regalado? Los papeles de los papeles eran más vivos que los de Toro Sentado y Buffalo Bill.
Los mayores del colegio hacían obras de Jardiel Poncela para las ceremonias anuales de entregas de premios y “dignidades” pero cuando yo llegué a ser “mayor” ya no hubo ocasión.
Mientras, mi madre me había llevado a ver a Arturo Fernández en verano y yo me vestía con la chaqueta de alguno de mis hermanos para jugar delante de otro espejo a ser un dandy irresistible ante imaginarias amistades femeninas rendidas por mi soltura escénica, así que cuando la primera novia me llevó a Esther Remiro para hacer teatro leído, “El cuervo” de Alfonso Sastre, me encontré adolescente jugando a ser mayor en un drama que no comprendía y de Esther Remiro aprendí que el juego teatral no es solo juego sino vida, sacar lo que has vivido, lo poco que había vivido y lo mucho que había leído, en cada personaje y empalmamos un par de obras más, ya representadas en escenarios de colegios religiosos.
En la universidad, un inútil me descartó para el escenario porque tartamudeaba, según él,  pero descubrí que la carpintería, la electricidad, la pintura… forman parte del teatro y encontré a Luis Iturri que me dio lecciones sin darme ninguna sobre los cinco o seis sentidos que conforman la vida teatral y entre whisky y whisky me ordenó acabar una carrera que me diera de vivir y no de morir de hambre, le hice quizá demasiado caso “El teatro siempre estará en ti”, pero el ejercicio del derecho tiene mucho de teatro “Le echas mucho teatro en sala”, “Preparas a los clientes como si fueras un director de teatro, “Con Ud. en sala, no hay quien duerma, siempre improvisando, con qué nos saldrá hoy”…
Además, al principio de la vida de abogado, me encontré con José Manuel Gorospe, almacenero en la empresa de mi hermano, otra lección andante de vivir teatralmente “El cuerpo es la herramienta, cuida el cuerpo, construimos desde el cuerpo”… ¿Cómo olvidarme?
Y las clases en la ESTE, la improvisación, los blancos en la mente, las contradicciones, la complicidad de los espectadores... ¿No eran teatro?
Por fin, con sesenta y dos años alguien te habla de que se necesitan chicos en un grupo de teatro para adultos y así encontré a José Manuel Lángara e hice comedias y un poco de clown, volver a pisar las tablas que estaban ahí, la lucecita que nunca se apaga.
Y, sobre todo, una buena excusa para que Ana Miranda me corrigiera, me calmara en clases particulares y me diera otra lección de vida “para el teatro”.
Luego, vino Biarritz, descubrir la locura del Théâtre du Versant y al “milagroso” Gaël Rabas, puestas en escena que surgen del vacío y del caos para construirse durante el maravilloso momento del espectáculo, de la representación, y luego desaparecer, todo ello con una troupe de fenómenos humanos a los que el viento de la vida nos ha amontonado bajo el busto de Molière.
El confinamiento permite leer, mirar videos, hacer ejercicios, prepararse, siempre hay algún espejo delante del que jugar a representar personajes en monólogos improvisados sobre todos los dramas  que hemos vivido, que vivimos, ya no tan avergonzado ¿Con quién hablas? Y las máscaras se pueden también improvisar mientras por la televisión pasan una y otra vez aquellos westerns del pasado. Los papeles de los papeles están más vivos que los de Toro Sentado y Buffalo Bill.


miércoles, 12 de febrero de 2020

IRUÑA – VELEIA

Por razones personales, yo fui bastante escéptico con los primeros anuncios de los hallazgos sorprendentes en el yacimiento de Iruña de Oca. Luego seguí los extraños primeros rebotes de lo que se convirtió en un culebrón y me quedé con aquellos comentarios de que las inscripciones se habían hecho con un bic, quizá esto fue lo que desencadenó mi curiosidad porque me recordaba un viejo asunto profesional en que un documento fechado antes de la popularización del bolígrafo en España estaba elaborado con uno de ellos y, sin embargo, a pesar de estar fechado en una remota y bastante aislada población podía ser auténtico o no.
Oficialmente se determinó que los hallazgos eran un intento de estafa al erario público a través de la empresa que pagaba los esfuerzos arqueológicos y se echaron toneladas de mierda sobre las excavaciones y sobre los excavadores.
No llegaba a borrarme de la cabeza aquella historia y, a pesar del silencio imperante, procuraba seguir el tema, atascado en los juzgados, con las opiniones cruzadas de tirios y troyanos que, como jacobino, me parecían malamente teatrales.
Ahora está el juicio, en el que no estoy presente y no he leído el sumario, así que leo lo que se publica en los medios de difusión generales y en los medios de quienes defienden la honrada conducta de los descubridores, del llanero solitario en estos momentos, sometidos a la pena de banquillo y titulares.
Lo importante es la sentencia, lo que dicte Su Señoría dentro de un tiempo, lo que se está diciendo ahora, el relato del juicio, tiene importancia para el honor de las personas que están siendo juzgadas, su honra va recogiendo más capas de suciedad que una letrina de campamento escolar.
Ya he dicho otras veces que, en un juicio, lo contrario de la verdad no es la mentira sino otra verdad. Uno tiene tendencia a ponerse a favor del más débil indudablemente, así que me gustaría que lo que se difunde en los medios generalistas recogiera la verdad de los que defienden pero es imposible, la prensa hace tiempo que vendió su alma al poderoso, así que me quedo con la esperanza de que las voces de quienes quijotescamente pelean por hacer oír esa verdad sean las voces de la verdad judicial y que la sentencia restablezca esa honra y así los científicos puedan acceder a esos hallazgos tan defendidos de ellos por venenosas serpientes, de las de verdad y no de las de efectos especiales. Evidentemente mi esperanza es solo eso, esperanza.

lunes, 3 de junio de 2019

EL INTERNAMIENTO SIQUIÁTRICO FORZOSO


El internamiento siquiátrico forzoso puede tener una justificación terapéutica pero no puede convertirse en una cadena perpetua revisable, sin embargo, nuestra legislación tiene un agujero negro en el que los derechos de los ciudadanos dejan de estar tutelados por la justicia y quedan en manos de un médico siquiatra sobre el que no hay ningún control.
¿Quién controla al médico que decide retener a un ciudadano en un hospital siquiátrico? El silencio jurídico es la respuesta.
¿Puede el ciudadano internado ejercer su derecho a examinar su historial clínico como otro ciudadano en un hospital? El silencio nuevamente.
¿Puede pedir ser examinado por el médico siquiatra de su elección? Silencio en nuestro ordenamiento, a pesar de que los Principios de la ONU para la protección de personas con enfermedad lo proclaman desde 1991.
¿Puede ser asistido por un abogado y recurrir en derecho contra la decisión de privarle de su libertad? Silencio. Pero el Tribunal Constitucional, sentencia que más adelante diremos, considera que sí.
Si no estoy equivocado, nuestro ordenamiento da al médico siquiatra del hospital siquiátrico un poder sobre una persona que no ha sido declarada incapaz aún que no se lo da al juez.
Hay en todo ello algo absurdo, algo que repugna al Derecho. El art. 17.1 de nuestra Constitución establece que "toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad... nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley". Prácticamente este precepto reproduce el art. 5.1 Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero de ahí se salta al art. 763 de la Ley de enjuiciamiento civil que se fía de lo que diga el siquiatra de turno.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2012, de 2 de julio, que resumimos en sus aspectos procesales, siguiendo sustancialmente a continuación un artículo del Profesor D. Luis Fernando Barrios Flores, Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, en Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. vol.32 no.116 Madrid oct./dic. 2012, subraya el deber de la Justicia de rellenar esos silencios, con una serie de “garantías procesales”, insuficientes y olvidadas en la práctica diaria:

1.- Información al ciudadano afectado por el internamiento.
La STC 141/2012 afirma: "El Juez ha de informar al interno o a su representante acerca de su situación material y procesal, lo que implica a su vez el derecho del afectado (o su representante en su nombre) a ser oído personalmente dentro del procedimiento" (FJ 6).
También la autoridad judicial tiene su propio deber de información. Aún tratándose de una privación de libertad civil, es extrapolable la previsión existente en el orden procesal penal (art. 520.2 Ley de Enjuiciamiento Criminal). El paciente tiene derecho a conocer "su situación material y procesal" y los derechos que le asisten. Entre los mismos se encuentra el relativo a nombramiento de abogado y procurador. La STC 141/2012 afirma al respecto: "Además y conforme recoge expresamente el art. 763.3 LEC, el privado de libertad también será informado de su derecho a contar con abogado y procurador en este trámite y de su derecho a la práctica de pruebas". "Ese derecho a la información se integra por la jurisprudencia del TEDH como una garantía propia del derecho a la libertad personal y su omisión además de infringir el propio art. 763.3 LEC no es constitucionalmente aceptable" ya que "la persona interna se halla prácticamente indefensa mientras está encerrada" y "la ley y la jurisprudencia de derechos humanos impone que el órgano judicial tome la iniciativa en la información, no presuponer su conocimiento por el afectado... " (STC 141/2012, FJ 7). Este derecho a la información sobre derechos y recursos y sobre las razones del internamiento aparece reflejado en los arts. 5.2 y 4 CEDH, 4.3 Rec (83) 2, Ppios 12 PONU'91 y arts. 6 y 22.1 Rec (2004) 10, entre otros.

2.- Postulación y defensa del internado.
En efecto, el ingreso involuntariamente por razón de trastorno psíquico tiene derecho a representación y defensa (Ppio 18.1 PONU'91) y así lo establece el art. 763.3 LEC. El problema es que, como señala el Grupo de "Ética y Legislación" de la AEN, lo cierto es que, "salvo supuestos absolutamente excepcionales, los expedientes de ingreso se tramitan sin que la persona ingresada disponga de representación y defensa". Y lógicamente derecho a intérprete, en su caso.
Y este Derecho no puede ser suprimido por el criterio de un siquiatra, el Juez que lo permitiera quizá esté incurriendo en un delito de prevaricación.

3.- Examen judicial y sistema de audiencias.
Afirma el art. 763.3 LEC: "el tribunal deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate...". El Consejo de Europa en el art. 4.3 de su R (83) 2, proclamó el derecho del paciente a ser oído personalmente por el juez, excepto en el caso de que su estado de salud así lo impidiera ¿Quién decide que su estado de salud le impide ser examinado por el Juez? Se crea así un círculo vicioso, el siquiatra puede impedir que el Juez examine al ciudadano.
Por su parte, el Informe del Gabinete Técnico del CGPJ de 23.2.1984 puso de relieve la necesidad de cumplir "escrupulosamente" con este trámite, sin que pudiera servir de excusa la carga de trabajo que ello supone para nuestros tribunales.
En cuanto al lugar del examen, la STC 141/2012 recomienda que se haga en el propio establecimiento hospitalario.
La LEC establece además un sistema de audiencias: "Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida".
La realidad diaria de los tribunales convierte estos trámites, en eso, en trámites, en rellenar huecos en formularios pero sin contenido real.

4.- Pruebas.
El conjunto probatorio o, como denomina la STC 141/2012 (FJ 7), "el material de convicción" de que dispone el Juzgado para resolver acerca de la ratificación o no de un ingreso psiquiátrico involuntario urgente está integrado, en resumidas cuentas, por: a) El informe médico del establecimiento en donde tuvo lugar el ingreso, b) el Acta del examen judicial, en el que se incluirán a su vez las manifestaciones que lleve a cabo la persona ingresada, c) el dictamen que emita el Ministerio Fiscal, d) el dictamen del médico expresamente designado por el Juzgado, e) el testimonio de otras personas que cuya comparecencia estimara conveniente el Juzgado y f) eventualmente otro tipo de pruebas.
El art. 763.3 LEC hace mención a la comparecencia de personas que solicite el afectado por la medida y a otras posibles pruebas que este solicite. Sobre esta cuestión el Ppio 18.3 PONU'91 establece: "El paciente y su defensor podrán solicitar y presentar en cualquier audiencia un dictamen independiente sobre su salud mental y cualesquiera otros informes y pruebas orales, escritas y de otra índole que sean pertinentes y admisibles".

5.- Plazos.
La doctrina ya venía insistiendo en la necesidad de que el plazo de resolución se estableciera en 72 horas, el tiempo establecido para la detención preventiva en el art. 17.2 CE. E incluso tal fue el plazo propugnado también en el Informe del Comité de Estudio al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la problemática jurídico-asistencial del enfermo mental" (Pleno de 13.7.1988). Sin embargo, también hubo críticas a la fijación de este período, por su equiparación con la detención. La nueva LEC establece que la ratificación de la medida de internamiento urgente "deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal" (763.1.II LEC). Por tanto, no desde la fecha del ingreso, ni desde la comunicación formal del establecimiento, sino desde la entrada en el juzgado de dicha comunicación.

6.- Resolución judicial.
La resolución judicial que ponga fin a este procedimiento deberá concluir ratificando o no el ingreso involuntario por razón de urgencia (STC 141/2012, FJ 6).
En caso de que el órgano judicial no ratifique la medida se devuelve a la persona concernida el autogobierno que le fue sustraído con motivo del ingreso involuntario urgente. Esto no es obstáculo para que la persona libremente decida la continuación del internamiento, pero bajo la modalidad voluntaria.

El juicio de ratificación, señala la STC 141/2012 (FJ 6), abarca dos aspectos:

- La valoración, a la vista de la actividad probatoria.

- La verificación de la procedencia del ingreso adoptado por el responsable sanitario y ello por dos razones: a) porque el Juez ha de garantizar la tutela judicial efectiva evitando que la fase extrajudicial pueda convertirse en un "limbo sin derechos para el afectado" y b) porque si aparecieran dudas acerca de la no necesidad del internamiento inicialmente adoptado, pero posteriormente "sí parece justificarse a posteriori con el resultado de las pruebas judiciales, deberá dilucidar el tribunal si ello se debe a la implementación -o no- de un tratamiento inadecuado para el paciente, lo que dejando al margen otras consecuencias legales, podría ser justo motivo para no ratificarla".

La resolución judicial ha de estar motivada (art. 120.3 CE). Mas, en el caso aquí comentado, la STC 141/2012 exige una motivación reforzada "teniendo en cuenta su incidencia como medida privativa de libertad personal"
Pero, como nuestros tribunales tienen tendencia a hacer “copia y pega” de casos anteriores resultan enormes déficits en la protección de derechos fundamentales de la persona llevada al “nido del cuco”… Este déficits, en buena parte son debidos al empleo de "textos preimpresos", "formatos estereotipados", vicio sobre el que ha alertado el TS (así ATS, 3a, 20.12.1990) y el Comité para la Prevención de la Tortura en alguno de los informes.











Artículo citado del Profesor Barrios

sábado, 9 de febrero de 2019

LAS CONVERSACIONES ENTRE ABOGADOS Y EL SECRETO PROFESIONAL


Cuando los abogados se encuentran hablan de sus temas y muchas veces esos temas tienen que ver con asuntos en marcha y con cierta frivolidad se hacen comentarios que pueden infringir el deber del secreto profesional pero, como esos comentarios quedan en un ámbito restringido de profesionales, normalmente no suelen tener mayor trascendencia. La precaución, sin embargo, obliga a no dar precisiones que puedan ayudar a identificar la realidad o ficción de esos comentarios por los abogados que los escuchan y por quienes puedan oír o recibir directa o indirectamente esos comentarios.
Pero el objeto de estas líneas es tratar de un tema delicado, no de charlas de bar, las consultas que se hacen habitualmente unos abogados a otros para pedir ayuda sobre asuntos que se pueden iniciar por uno de ellos o sobre asuntos en marcha en que uno de los dos o los dos intervienen o pueden intervenir.
Para estas conversaciones, el artículo 542 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos". Entiendo que una actuación de consulta entre letrados es una actuación profesional y que ambos deberán guardar secreto sobre los hechos o noticias que hayan conocido en esa consulta, sin perjuicio de que puedan usarlos, o realizar comprobaciones para obtener los mismos datos por otras fuentes y así poder emplearlos en beneficio de sus clientes y entiendo que este secreto obliga a no revelar la mera existencia de la consulta, en su caso.
¿Y las confidencias de almohada? Es frecuente que los abogados tengan relaciones sentimentales entre ellos y con otras personas de los mismos ambientes y todos sabemos que en esas relaciones surgen conversaciones sobre asuntos en que se puede estar interviniendo profesionalmente. Yo creo que todas las personas relacionadas con un abogado, sean de su familia o sus socios o sus empleados, están obligados a cumplir con el secreto profesional pero esa obligación entra ya para quienes no tengan relación laboral o profesional en la obligación general del deber de secreto como obligación quizá civil pero no penal. Ya que el Código Penal, en su artículo 199 castiga a la persona que "revelare secretos ajenos de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o relaciones laborales" y "al profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue secretos de otra persona".
Los abogados además tenemos que ajustarnos a una ética de la toga, a un deber deontológico de la profesión que viene regulado en el Estatuto General de la Abogacía (aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio), y en el Código Deontológico de la Abogacía (aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 27 de septiembre de 2002).
El art. 32 del referido Estatuto dice, como la LOPJ, que los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.
El Código Deontológico de la Abogacía en su artículo 5 nos interesa destacar que establece que la confianza y confidencialidad en las relaciones entre cliente y abogado, ínsita en el derecho de aquél a su intimidad y a no declarar en su contra, así como en derechos fundamentales de terceros, impone al abogado el deber y le confiere el derecho de guardar secreto respecto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, sin que pueda ser obligado a declarar sobre los mismos. Y que el deber y derecho al secreto profesional del abogado comprende las confidencias y propuestas del cliente, las del adversario, las de los compañeros y todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.
Solo excepcionalmente, en aras de esa misma ética aludida, se puede romper el secreto: El secreto profesional es un derecho y deber primordial de la Abogacía. En los casos excepcionales de suma gravedad en los que, la obligada preservación del secreto profesional, pudiera causar perjuicios irreparables o flagrantes injusticias, el Decano del Colegio aconsejará al Abogado con la finalidad exclusiva de orientar y, si fuera posible, determinar medios o procedimientos alternativos de solución del problema planteado ponderando los bienes jurídicos en conflicto. Ello no afecta a la libertad del cliente, no sujeto al secreto profesional, pero cuyo consentimiento por sí solo no excusa al Abogado de la preservación del mismo.
Por tanto, los abogados debemos ser conscientes que una cosa es lo que se nos confía por otros abogados en una colaboración profesional y otra bien distinta son “cuentos de cazadores” que se relatan en una barra, con una cerveza en la mano, “iocandi gratia”, aquellos son secretos profesionales, éstos son “chismes” y pueden nutrir los espacios dedicados a ello en los medios de difusión.


miércoles, 14 de noviembre de 2018

UNIVERSIDADES


- No creo que haya mucha diferencia entre la UPV y la Universidad Juan Carlos que dices – al salir de la Cámara de Gipuzkoa hacia el bar de la esquina se veían los blancos edificios del campus de Ibaeta de la UPV y Manu Majors le hizo este comentario a Jpn Galtzagorri -, lo de usar la impresora para hacer títulos a los afectos al régimen se ha hecho siempre y, como para hacer carrera profesional en este pequeño país, hay que ser afecto y si por casualidad un desafecto se les cuela en un cargo universitario, ya se encargará el tiempo, el tiempo climatol'ogico, en dimitirlo y Gure Gauza se ocupa muy bien de provocar chubascos, como sabes.
- La UPV tiene cosas buenas, muy buenas -Galtzagorri protesta ante su siempre pesimista amigo mientras se sientan en la pequeña terraza del establecimiento -, pero el poder político es omnipresente en todos los ámbitos.
- No te niego que hay flores bellas en el lodazal -Majors pide un americano a esta hora del desayuno tardío o del aperitivo temprano-, pero si fulano quiere un titulo y yo te puedo contar la historia de uno que, sin ninguna necesidad, pidió desde su trono que le dieran una licenciatura y lógicamente los miembros universitarios de su corte se lo hicieron en tiempo y forma, pero este enorme sinvergüenza de la vida tuvo vergüenza excepcionalmente de ello luego y nunca lo ha proclamado después, lo guarda en un discreto cajón.
- Como tu titulo de Oxford enmarcado y colgado en el hall de tu vivienda - Galtzagorri, pidiendo un café cortado, le comenta -, que no consta en tu currículum publicado.
- Y eso que yo estudié en Oxford, en pleno centro, en un banco de un parque, que me compré un libro en la librería universitaria y allí lo estuve estudiando – Majors recuerda sonriente -, y a los meses, en unas vacaciones griegas, después de mi paso por Sunion, caí en una imprenta especializada en Atenas que me hizo un titulo de la University de Oxford tan auténtico como el de licenciado en derecho de ese pendejo que nos saluda desde el semáforo.
Y ambos dos saludaron cordialmente a una de esas autoridades, por así decirlo, guipuzcoanas que llegan justo antes de la hora del lunch final a las clausuras de todos los eventos.


martes, 6 de noviembre de 2018

SAN SEBASTIAN NO ES NEW YORK


- San Sebastián no es New York -dijo Zulema Arboniés, dejando la botella de agua mineral sobre la mesa de la cafetería-, si yo fuera un poco escrupulosa, me tendría que abstener en el 98 % de los asuntos pero no lo hago porque los abogados de este pueblo colaboran mucho y no me recusan... pero es imposible no conocer en Donostia a las partes o a los abogados o a alguien al que le tengas tirria, casi siempre, o cierta simpatía, a veces, y que tenga alguna relación con el asunto. Así que, si yo tuviera que abstenerme todas las veces que mi deber es abstenerme, no podría intervenir como juez en ningún asunto pero es que la inmensa mayoría de los jueces que están en Donostia tampoco y esto no funcionaría.
Luego se levantó y apenas se despidió de las abogadas, éstas se resignaron a pagar la consumición de Su Senoria y, en cuanto Zulema se alejó lo suficiente, empezaron a hablar de ella.
- Ademas de bulimica es analfabeta -dijo la pequeña vestida de Balmain -.
- Le regalaron el titulo en una tómbola -prosiguió la que fumaba Winston-.
-?Ahora follar por asignatura aprobada se dice así ? -remató la tercera y se bebió el americano de un trago-


jueves, 9 de agosto de 2018

Querido Pablo Casado

Querido Pablo:

La honradez y la falta de honradez se aprenden en el hogar, no hay una predisposición natural a mentir, por eso creo que estás dejando mal a tus padres que, como muchos padres, a menudo se preocupan cuando su niño o adolescente dice mentiras, y mucho más, cuando descubren que de mayor sigue mintiendo, que han fracasado en su educación, cuando el mentir probablemente no es un problema serio que solo indica que cuando eras un niño pequeño (de 4 a 5 años) te gustaba hacer cuentos e inventar historias, lo que es una actividad normal ya que los niños se divierten oyendo e inventando cuentos y lógicamente los niños muchas veces confunden un poco la realidad con la fantasía, así que los padres tienen que desilusionarles, decirles la verdad sobre los Reyes Magos, por ejemplo. Esto es duro pero necesario.

Más adelante el preadolescente o el joven puede decir mentiras interesadas, por ejemplo: para ocultar las malas notas, huir de responsabilidades, obtener beneficios inmediatos etcª. Y claro, los padres deben de reaccionar a este tipo ocasional de embustes, descubriéndolos, hablando con él y explicándole cuán importantes son la verdad, la honradez y la confianza entre las personas. Yo no puedo evitar en lo que están sintiendo tus padres -de estar vivos, que lo ignoro-, ante tus saltos adelante en el camino proceloso del embuste que, hasta ahora, tan bien te había ido en tu vida profesional de político. Quizá tus padres se equivocaron y te inculcaron que hay mentiras que pueden considerarse aceptables en algunas situaciones, como por ejemplo, no decirle al abuelo la razón real de no ir a visitarle el domingo para no herir sus sentimientos o decirle que has aprobado todas las asignaturas para que te de la propina. Así que la mentira se incorporó a tu concepción del punto y de la vida tanto en tu vida sentimental -¿Te acuerdas cuándo le dijiste a tu primera novia que la puntita nada más?-, o en tu vida pública - ¿Te acuerdas cuándo rellenaste los huecos en tu primer curriculum vitae?-, y claro crees que ya no puedes retroceder.

Yo no soy tu padre pero creo que está volando cerca de ti una bandada de tortazos y que tu cara es su punto de destino, así que ya es hora de que las recibas: más vale tarde que nunca.

Un abrazo


lunes, 14 de mayo de 2018

GIPUZKOAKULTURA


El Alvia para Madrid sale un poco antes de las 9 de la estación de Donostia. Coro Pacheco se acomodó estirando sus largas piernas hacia el pasillo, así que tuvo que encogerse para dejar pasar al barbudo sujeto que ocupó el asiento del lado de la ventana. Enseguida intuyó que el viajero, que se puso a leer un ejemplar de la revista francesa “L’Histoire” dedicado a “Espagne(s)” tenía que ser un colega del otro lado. Hechas las presentaciones, Charles Perrier efectivamente era periodista, aunque ella se había traído para leer el libro de Natalia Roudakova “Losing Pravda: Ethics and the Press in Post-Truth Russia” intercambiaron algunas banalidades sobre sus respectivos quehaceres.

Charles se dirigía a la feria de San Isidro para hacer crónicas taurinas para su periódico regional del sur de Francia, después de haber pasado unos días por la Gipuzkoa post-Eta, pero reveló enseguida que de las corridas de toros solo le interesaba el público asistente. Coro ahora se dedicaba al asesoramiento en comunicación de algún grupo empresarial de mucha reputación en el bandolerismo financiero de las élites hispanas.
- Me ha sorprendido la escasez de conocimientos -dijo en un momento dado el francés-, de los jóvenes con los que he hablado en las cafeterías de las universidades, en los bares de la Parte Vieja y un poco por todas partes. No solo ignoran la historia de España, Francia o Europa, no tienen ni idea de cómo funcionan las instituciones vascas, las europeas, las españolas, apenas las conocen o las distinguen. Y además transmiten una serie de prejuicios y de conceptos que, si no son racistas, se parecen mucho a ello, a la vez que pretenden ser más de izquierdas y anti-sistema que nadie en España. Salvo un par de excepciones, me han transmitido una cerrazón mental, una falta de ambición en conocer, en investigar, en abrirse a las ideas… me he quedado muy decepcionado.
- Hay de todo, como en todas partes -intentó paliar la donostiarra-, no se puede generalizar tampoco pero es cierto que hay una enorme masa de jóvenes, del futuro del país, que, como no ha llegado a jugar en la Real Sociedad o a ser una figura del surf mundial, está en una especie de limbo, a veces estudiando algo para que sus padres los soporten, a veces subempleados en cualquier trabajo de asco con el soporte de sus padres y demasiadas veces en ni una cosa ni otra… esperando que llegue el sábado para cogerse un “pedo” como único aliciente vital.
- Pero San Sebastián no es un barrio periférico de Marsella, en que el único porvenir de los jóvenes es inmolarse en nombre de Alá, aquí parece que hay una voluntad de hacer un futuro para esta juventud.
- Eso queda muy bonito en los discursos pero es mentira. La formación cultural de las familias guipuzcoanas, y de las familias vascas en general, se basa en cinco instituciones fundamentales: el Diario Vasco, Tele 5, la peluquería de señoras, la taberna habitual y el calendario de la Kutxa. Me puedes cambiar la taberna por la sociedad gastronómica y el Diario por el Correo, pero esas cinco referencias culturales son las que nos conforman como pueblo.
- ¿Y la ETB? -Preguntó Charles, mientras se anunciaba la entrada en la estación de Burgos-.
- La televisión vasca no la ven ni los militantes, muy militantes, de Bildu que son quienes la hacen. Como mucho para saber el tiempo que va a hacer y basta, además su programación es más o menos una repetición de los contenidos de las otras instituciones formativas, así que, en resumen, las familias guipuzcoanas no tienen herramientas para contrarrestar la concepción del mundo y de la vida, la Weltanschauung, que se inocula en la enseñanza vasca, porque la escuela pública y la privada tiene dos objetivos prioritarios, uno es maquillar las encuestas europeas para que no quedar mal en los titulares del Diario Vasco cuando salen los informes internacionales, y otro es la formación del espíritu nacional vasco y, para esto, sobran los conocimientos históricos, institucionales y demás, sobra capacitarles para pensar por sí mismos… lo que se necesita para sostener el chiringuito son algunos ingenieros, unos contables con título, algunas andereños y mucho borrego y poco más, así que hace muchos años que entregamos la enseñanza a quienes verdaderamente les interesaba, a los apostólicos txapelgorris, y así nos va. Es lo que hay, Charles.
Pasada Valladolid, siguieron hablando de la transición, de los nacionalistas catalanes, de los sefardíes, del golpe de 1936, de la iglesia católica… hasta Madrid.

jueves, 3 de mayo de 2018

ABOGADO TRABAJADOR POR CUENTA AJENA

RELACIÓN LABORAL POR CUENTA AJENA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS

La relación de prestación de servicios jurídicos de un abogado a un cliente, por muy fijos y periódicos que estos servicios sean, suelen ser servicios profesionales, propios de un contrato de arrendamiento de servicios pero a veces es difícil distinguirlos de una relación laboral y algunas veces nos encontramos con verdaderas relaciones laborales.

El contrato de trabajo, en principio, no es formal:  (8.1 ET) El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá –se debe entender-, existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél. Por lo que si no se ha formalizado contrato escrito alguno entre las partes carece de relevancia ante la prestación de servicios jurídicos dentro del ámbito de organización y dirección de quien recibe la prestación de servicios y la retribución que le pueda pagar a cambio. Así lo ha entendido el Tribunal Supremo RJ Aranzadi 1990\1911 Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 24 febrero 1990. El mismo Tribunal Supremo –en su sentencia de 2 de diciembre de 1986 RJ Aranzadi 1986/7253-, señaló que no revisten en principio naturaleza laboral, por ser una profesión de las llamadas liberales, las actividades que realiza el abogado a favor de sus clientes, lo que no excluye que en determinadas ocasiones sí tengan tal carácter. Se impone pues analizar las características de cada caso, debiendo llegarse a la conclusión de que hay contrato de trabajo si la prestación se realiza en régimen de dependencia. La línea divisoria entre el arrendamiento de servicios y el contrato de trabajo es difícil en ocasiones de establecer  -TS de 4 de febrero de 1984 RJ Aranzadi 1984/832 y de 9 de febrero de 1990 RJ Aranzadi 1990/886-, está situada en la dependencia, esto es, según se haya producido o no la inserción en el ámbito organizativo de la empresa.

La Jurisprudencia ha destacado que son indicios de dependencia, entre otros, los siguientes: a) el desempeño personal de la prestación de servicios, sin posibilidad de sustitución (Sentencia del Tribunal Supremo de 23-10-1989 [RJ 1989\7310]); b) el sometimiento a jornada y a un horario (STCT 23-12-1986 [RTCT 1986\14472]); c) la asiduidad al trabajo, esto es la reiteración del trabajo todos los días laborales (Sentencia del Tribunal Supremo de 13-4-1987 [RJ 1987\2407]); d) la exclusividad en el trabajo, si bien la jurisprudencia admite la presencia de un contrato de trabajo en casos de pluriempleo; e) la inserción en la organización empresarial y la ausencia de una organización empresarial autónoma por parte del trabajador (Sentencia del Tribunal Supremo de 29-3-1988 [RJ 1988\2403]); f) la asistencia a un centro de trabajo (STCT 6-2-1986 [RTCT 1986\686]).

Asimismo y como indicios de ajenidad ha destacado entre otros: a) la no-aportación de los medios o instrumentos de trabajo (materias primas, herramienta, maquinaria, vehículo de transporte, instalaciones, etc.); b) la aportación empresarial del producto elaborado por el trabajador; c) la existencia de una contraprestación económica al trabajo, cuya cuantía, comparada con la de los salarios de los trabajadores de la misma localidad y actividad, no envuelve un lucro o beneficio especial, sino que resulta equivalente a la de aquéllos (Sentencia del Tribunal Supremo de 4-12-1984 [RJ 1984\6331]); d) el carácter fijo o periódico de la remuneración percibida (STCT 23-12-1986).

Por último y en relación con lo expuesto conviene destacar que, a propósito de la difícil tarea de separar el contrato de trabajo de la prestación propia del contrato de arrendamiento de servicios, la jurisprudencia ha destacado como dato relevante el análisis y la forma en que se produce la remuneración (control de la ajenidad) de tal forma que si la cantidad percibida es a cuenta de aquellos asuntos en que se ha intervenido, la figura contractual puede ser un arrendamiento de servicios (Sentencia del Tribunal Supremo de 9-2-1990 [RJ 1990\887]), y si se hace en atención a un parámetro fijo, es más lógico pensar en una relación laboral (Sentencia del Tribunal Supremo de 24-2-1990 [RJ 1990\1911]).


martes, 24 de abril de 2018

LA JUSTICIA DE LOS ROBOTS


Después de que la inteligencia artificial haya saltado de la industria a los servicios y las máquinas inteligentes ocupan empleos un poco en todas partes, una, por lo menos, empresa francesa ofrece soluciones de cuantificación de riesgos a los profesionales legales.

Esto es, un sistema informático capaz de tomar decisiones en lugar de los jueces humanos y que puede producir un fallo similar a otros anteriores sin necesidad de pasar el tiempo con estudio y lectura de expedientes y precedentes.

El sistema francés lo han creado a partir de la colaboración entre juristas y matemáticos, colaboración impulsada o dirigida por un promotor con más de 20 años de trabajo en el instituto público de investigación INRIA.

Las herramientas de decisión pueden así ubicar al profesional del derecho en el centro del análisis y la estrategia legal y proponer al mismo una respuesta jurídica como la hubiera dado un panel de 100 jueces virtuales.

No es la primera vez que se ofrecen instrumentos similares a los abogados para ayudarles en su toma de decisiones sobre estrategias en litigios y, a pesar de los fracasos, en mi opinión, de los anteriores, cada vez se avanza más en esta dirección con un marketing cada vez más envolvente, cada vez más dirigido a la propia administración de justicia (Rev. Options n.º 633, pag. 20).

Al fin y al cabo, los sistemas informáticos se supone que no tienen malas noches, úlceras de estómago… y otras circunstancias que pueden pesar, a la hora de firmar una sentencia, sobre la mano del juez pero siempre pueden darse en quien arranque e introduzca los datos en el sistema, así que el factor humano seguirá allí.
Más información por parte de los promotores en: http://caselawanalytics.com/




viernes, 6 de abril de 2018

ACOSO LABORAL: LA POSICIÓN DEL EMPLEADOR ANTE EL MOBBING

Breve introducción:
En 1995 dirigí un TFM, Trabajo Fin de Master, de un alumno del MBA de la Universidad de Deusto sobre el tema del mobbing en el ámbito laboral. La absurda polémica universitaria que se ha levantado sobre la burda patraña que se ha inventado una de las cabecillas del gang para justificar lo imposible de justificar me ha dado las ganas para probar si 23 años después y 18 ordenadores más tarde podría encontrar rastros de aquel TFM en mi ordenador actual. He encontrado un artículo que escribí para la revista universitaria que por entonces dirigía "Estudios Empresariales" con los apuntes que fui tomando durante los trabajos de dirección del TFM en 1995 y que aproveché, al salir de un ambiente tóxico laboral el 30 de junio de 2005, a los diez años transcurridos de esta manera. No he encontrado el nombre del alumno pero estoy seguro de que en la los archivos de la Universidad en menos de 24 horas me podrían localizar su identidad y el original entregado, sin embargo quiero agradecerle una vez más que me excitara la inquietud sobre este tema que me fui muy útil en mi vida personal y que, al menos, sirvió para que escribiera este breve artículo.

  EL  PAPEL  DEL  EMPLEADOR ANTE  EL  MOBBING

Abstract
Este  artículo  quiere  expresar  el  estado  actual  de la  cuestión  del mobbing en España para tratar  de  encontrar  un  Código de Conducta empresarial que  prevenga  su  aparición y limite los  perjuicios derivados del  fenómeno cuando éste  se  produzca de forma inevitable.

Introducción

El  acoso  en  el trabajo  es un  tema de  actualidad. Nuestros  empresarios  conocen  cada vez  más de  actuaciones de la  Inspección  de  Trabajo por  denuncias  de  mobbing  en  sus  centros de trabajo o se enfrentan  a  demandas  millonarias de  empleados que alegan  haber  sufrido  mobbing y muchas  veces es  el  empresario o  los  máximos directivos  de  la  empresa quienes  se  enteran del suceso los últimos, cuando la  comparecencia ante  el  Inspector  de  Trabajo o  el  Juez  de  lo Social es  ya  inevitable y las  consecuencias  dañosas  son  económicamente cuantiosas.

¿Cómo  actuar  ante  el  mobbing? ¿Se puede  prevenir? Aunque nuestro  interés  en  el tema  es  el  jurídico,  también  el abogado  debe  ayudar  a tomar  precauciones antes  de que  exista  el  problema.

  El  acoso como tal realmente es una  forma  de expulsar  a  un  trabajador indeseado  sin  tener que  despedirlo,  pero las consecuencias  para  la víctima  van  más allá del  entorno laboral pues muchas  veces se  ve  aquejada por  depresión,  pudiendo  llegar  a  atentar  contra su propia  vida. Hoy veremos las  consecuencias  del  acoso moral para ambas  partes de la relación contractual y las  consecuencias jurídicas  para  la  empresa  que  se  derivan de  éste  fenómeno. 

Definición del  mobbing y  afines

Acoso  es  la  conducta  vejatoria que  tienen  compañeros y/o  superiores con  un  trabajador en  el  ámbito profesional,  siempre que  sea consentida por la  organización y  que  le  dañe psíquica y  laboralmente. Mobbing significa literalmente atacar o  atropellar,  y se utiliza para  calificar conductas de hostigamiento psicológico en el  trabajo,  mientras que el bossing  se restringe al acoso moral en el trabajo producido por quien se halla en situación de superioridad y el bullying es sinónimo de violencia física . El  acoso moral puede  ser definido como una situación en la  que  una  persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática, durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo, según Heinz Leymann.

El coste anual  derivado del acoso psicológico en España alcanza 24, 04 millones de euros según  estudios llevados a cabo por la Organización Internacional del Trabajo. El mobbing  afecta a un alto  porcentaje de empresas españolas, convirtiéndose en una patología socio-laboral. Un 15 % de la población trabajadora afirma haber sufrido este problema en su entorno laboral. Se ha  transformado en una pandemia que pueden padecer 16 millones de trabajadores en Europa; sus consecuencias   se  extienden más allá de la víctima y sus secuelas  psicofísicas y sociales, hacia una disminución del rendimiento laboral y un  incremento de los  gastos sociales derivados.  Un  tercio  de los  afectados no  se recupera   psicológicamente jamás.

Aunque el  entorno  laboral no es el único que puede  ser  propicio al acoso,  éste  también puede  darse  en  el  colegio, en  la  universidad,  en  la  familia,  en  el círculo  social  .....pero estos   acosos  escapan  a  estas líneas.

El  tema  concierne al  empresario  pues la  regla  general  es  la  responsabilidad subsidiaria  e incluso solidaria del  empleador por los  actos realizados  por su personal dependiente en contra de los  trabajadores,  en  base al  artículo 1903 del  Código Civil y la  doctrina de nuestra jurisprudencia. Si  la  situación de atentado contra la dignidad personal de los trabajadores se prolonga,  se  considera que existe una omisión injustificada en la adecuada vigilancia sobre quien ostenta  facultad de  decisión sobre los trabajadores.    No  obstante,  toda  regla  tiene su  excepción:  en  una  sentencia inglesa  en el  caso  Post  Office contra Irving se exoneró  a  la  compañía  de  correos  por  los  comentarios racistas que uno  de  sus  empleados  anotaba en los  sobres  de  correos basándose en el  hecho de que  al  realizar  estas  inscripciones no actuaba en  el  desempeño  de  las  funciones  inherentes  a  su  posición.

El  marco legal  europeo

Otros estados de la Unión Europea  han tomado la delantera respecto  a  la  definición  legal  del  mobbing, promulgando normas sobre acoso moral en el trabajo, tal es el caso de Bélgica (L-28- 04-2000) y  Francia.  El  17  de  enero  de  2002, en ésta última  entró  en vigor la  Ley 11.2002-73 de modernización  social que sanciona el acoso moral desde la perspectiva penal y laboral;   tipificación  como  delito que conlleva sanciones que van  desde  la  multa pecuniaria  hasta la privación de libertad.            En  Suecia,  la  Ordenanza del  Consejo  Sueco de Seguridad y Salud Laboral  establecen desde  el  año  1993   medidas a favor de las  víctimas  de violencia en  el  trabajo, aunado a ello el empresario  es  responsable de los posibles  riesgos,  tanto físicos como psicológicos  que  pueda  sufrir  el  trabajador  en el  ámbito  de trabajo.

A nivel europeo  se dictó  la Directiva 89/391/CEE el 12 de junio de 1989  a fin de promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en todos los países de la Unión,  considerándolo como un deber  del  empleador.

La  Comisión Europea emitió  una  recomendación el 27  de diciembre  de 1991 relativa a la protección de la dignidad de la mujer y  del  hombre en el trabajo, a fin de que los Estados Miembros tomen las medidas necesarias para fomentar la conciencia de que la conducta de naturaleza sexual  u  otros comportamientos basados en el sexo que  afecten  a la dignidad de la mujer  y el hombre en el trabajo resultan inaceptables.

El 20  de  septiembre  de 2001, el Parlamento Europeo emitió una resolución sobre el Acoso Moral en el trabajo, solicitando la revisión legislativa de los Estados Miembros para llegar a una definición unánime del acoso moral.

Marco legal  español. 

La ausencia de una norma concreta que sancione estas conductas en el ordenamiento español contrasta con las diversas iniciativas y recursos de ingeniería jurídica que se han tomado para resolver la cuestión.  Esta laguna legal no significa que el trabajador se halle desamparado, pues existe un precedente en que el mobbing se menciona expresamente, recurriendo  a otras figuras jurídicas tradicionales a fin de imponer sanción, utilizándose diversas normas para censurar el acoso moral tanto en la Carta Magna como en la legislación ordinaria.  (STSJ Navarra,  Sala Social, S. 30-4-01)

La  acción de los  tribunales  hasta ahora se había  enfocado hacia  la  sanción de las  distintas  conductas  que  tuvieran lugar paralelamente al  acoso,  es  decir, de las  lesiones y  coacciones concomitantes.  Actualmente la doctrina y  la  jurisprudencia han iniciado un proceso  que  se enfoca al desarrollo legal de la figura jurídica, ya  que  ella  se  manifiesta cada  vez  más en el medio  laboral. 

A nivel nacional, la Constitución Española,  recoge una serie de principios básicos protectores de la salud, seguridad e higiene de los trabajadores.  (Arts. 10, 14, 15, 18,35,  40.2)
Art. 10.-1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Art. 14.-Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social.
Art. 15.-Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
Art. 18.-1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Art. 35.-1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
Art. 40.-1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

El  proyecto  del  Estatuto  del  Personal  Sanitario establece las conductas  de  acoso psicológico en el  trabajo como falta  grave,  previendo  la  posibilidad  de cambiar al  acosador de trabajo.

Por su parte, El Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 9.2. señala que los poderes públicos vascos  impulsarán una política  tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo. La  Legislación  laboral  es competencia  exclusiva  del Estado.

Las  leyes  laborales

En  el ámbito laboral,  la Ley de Prevención  y Riesgos Laborales de 31/1995 de 8  de noviembre -cuyo objeto es promover la seguridad y salud de los Trabajadores mediante la aplicación de medidas necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo-, establece una obligación general de protección del  empleador respecto  al  trabajador.  Esta norma caracterizada por su universalidad se aplica también  al ámbito de las Administraciones Públicas.   La amplitud de la norma permite integrar la evaluación, planificación y protección frente a cualquier forma de violencia,  esto  es  de acoso.

El  bien jurídico protegido  por  la mencionada Ley  de Prevención (en  adelante  LPRL) es  la  salud y  bienestar del  trabajador mientras que  en el  Estatuto de  Trabajadores (en  adelante ET) se tutela el  ejercicio de los derechos del  trabajador.  La  finalidad se enfoca a la  prevención del daño, para lo cual establece toda una serie de  conductas  a evitar.  Generalmente los  inspectores  de  trabajo  prefieren  la  aplicación  de la  LPRL con  respecto  al  ET porque  la primera  coadyuva a la intervención de especialistas en psicosociología  y una participación de los  representantes de los trabajadores mejor canalizada. La  misión diversa  de  ambos  textos normativos no impide que se apliquen  indistintamente a fin de proteger a la  víctima. 

El  Estatuto de los Trabajadores, RDL 1/1995 de 24 de Marzo, contempla que la  conducta del  empleador que comete acoso podría considerarse como vulneradora de los  derechos consagrados en el artículo 4  del  ET.  Véanse los  artículos 4.2 a) y e), 18, 20.3, 39.3, 41 y 50 del ET.
Art. 4. Derechos laborales
2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:
a) A la ocupación efectiva.
e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a
su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales
o físicas de naturaleza sexual.
Art. 18. Inviolabilidad de la persona del trabajador
Sólo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador,
en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios
para la protección del patrimonio empresarial y del de
los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de
trabajo y en horas de trabajo. En su realización se respetará al
máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con
la asistencia de un representante legal de los trabajadores o,
en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la
empresa, siempre que ello fuera posible
Art. 20. Dirección y control de la actividad laboral
3. El empresario podrá adoptar las medidas que estime más
oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento
por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando
en su adopción y aplicación la consideración debida a su
dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los
trabajadores disminuidos, en su caso.
Art. 39. Movilidad funcional
3. La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la
dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción
profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente
a las funciones que efectivamente realice, salvo en los
casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá
la retribución de origen. No cabrá invocar las causas de
despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación
en los supuestos de realización de funciones distintas de
las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.
Art. 41. Modificaciones sustanciales de las condiciones
de trabajo
1. La dirección de la empresa, cuando existan probadas razones
económicas, técnicas, organizativas o de producción,
podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones
de trabajo. Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales
de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten
a las siguientes materias:
a) Jornada de trabajo.
b) Horario.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la
movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley.
Se entenderá que concurren las causas a que se refiere este
artículo cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya
a mejorar la situación de la empresa a través de una más
adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición
competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las
exigencias de la demanda.
2. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo
podrán ser de carácter individual o colectivo.
Se considera de carácter individual la modificación de aquellas
condiciones de trabajo de que disfrutan los trabajadores a
titulo individual.
Se considera de carácter colectivo la modificación de
aquellas condiciones reconocidas a los trabajadores en virtud
de acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por éstos en virtud
de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos.
La modificación de las condiciones establecidas en
los convenios colectivos regulados en el título lll de la presente
Ley sólo podrá producirse por acuerdo entre la empresa
y los representantes de los trabajadores y respecto de las
materias a las que se refieren las letras b), c), d) y e) del
apartado anterior.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se considerarán
en ningún caso de carácter colectivo a los efectos de
lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo, las modificaciones
funcionales y de horario de trabajo que afecten, en un período
de 90 días, a un número de trabajadores inferior a:
a) 10 trabajadores, en las empresas que ocupen menos de
100 trabajadores.
b) El 10% del número de trabajadores de la empresa en
aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.
c) 30 trabajadores, en las empresas que ocupen 300 o más
trabajadores.
3. La decisión de modificación sustancial de condiciones de
trabajo de carácter individual deberá ser notificada por el empresario
al trabajador afectado y a sus representantes legales con
una antelación mínima de 30 días a la fecha de su efectividad.
En los supuestos previstos en los párrafos a), b) y c) del
apartado 1 de este artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 50, apartado 1.a), si el trabajador resultase perjudicado
por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su
contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por
año de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores
a un año y con un máximo de 9 meses.
Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo
de efectividad anteriormente citado, el trabajador que no habiendo
optado por la rescisión de su contrato se muestre disconforme
con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la
jurisdicción competente. La sentencia declarará la modificación
justificada o injustificada y, en este último caso, reconocerá el
derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones.
Cuando con objeto de eludir las previsiones contenidas en el
apartado siguiente de este artículo, la empresa realice modificaciones
sustanciales de las condiciones de trabajo en períodos
sucesivos de 90 días en número inferior a los umbrales a
que se refiere el último párrafo del apartado 2, sin que concurran
causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas
modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de Ley y
serán declaradas nulas y sin efecto.
4. La decisión de modificación sustancial de condiciones de
trabajo de carácter colectivo deberá ir precedida de un período
de consultas con los representantes legales de los trabajadores
de duración no inferior a 15 días. Dicho período de consultas
deberá versar sobre las causas motivadoras de la decisión
empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así
como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias
para los trabajadores afectados.
Durante el período de consultas, las partes deberán negociar
de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.
Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los
miembros del comité o comités de empresa, de los delegados
de personal, en su caso, o de representaciones sindicales, si
las hubiere, que, en su conjunto, representen a la mayoría de
aquéllos.
Tras la finalización del período de consultas, el empresario
notificará a los trabajadores su decisión sobre la modificación,
que surtirá efectos una vez transcurrido el plazo a que se refiere
el apartado 3 de este artículo.
Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado
se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción
individual prevista en el apartado 3 de este artículo. La interposición
del conflicto paralizará la tramitación de las acciones
individuales iniciadas, hasta su resolución.
(1) Ver el Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo
y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos
El acuerdo con los representantes legales de los trabajadores
en el período de consultas se entenderá sin perjuicio del
derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la opción prevista
en el párrafo segundo del apartado 3 de este artículo.
5. En materia de traslados se estará a lo dispuesto en las
normas específicas establecidas en el artículo 40 de esta
Ley.
Art. 50. Extinción por voluntad del trabajador
1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar
la extinción del contrato (1):
a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de
trabajo que redunden en perjuicio de su formación profesional
o en menoscabo de su dignidad.
b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del
salario pactado.
c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones
por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor,
así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en
sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos
en los artículos 40 y 41 de la presente Ley, cuando una
sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados.
2. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones
señaladas para el despido improcedente. (2)
(1) Ver el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Laboral.
(2) Además de por las causas expuestas, los periodistas pueden solicitar
la extinción de su contrato en el ejercicio de la cláusula de conciencia
(LO 2/97).

No debe  soslayarse  el hecho de que en la legislación laboral española (ET) se protege  el  derecho de los  trabajadores  a la integridad física,  a una ocupación efectiva,  a no  sufrir  discriminación  en el  trabajo por  razón de raza,  sexo, religión,  etc y al  respeto  de su intimidad.

Las  leyes civiles

Fuera del ámbito laboral,  el artículo  1101 del Código Civil, resulta aplicable a los incumplimientos del empresario  del deber de preservar la salud y seguridad de los trabajadores, incurriendo en culpa extracontractual.   La  responsabilidad por  hechos  ilícitos ajenos viene regulada por el artículo 1903  del  Código Civil, de la cual  el  empresario  sólo quedará  exonerado cuando pruebe que empleó  toda  la  diligencia para  prevenir el daño. Por  eso  es   importante  que  la  víctima ponga  la  situación  de  acoso en  conocimiento de la  empresa,  denunciando expresamente los  actos  de  acoso. Esto nos  lleva  de la  mano a la pregunta básica  que  enmarca la  responsabilidad  del empresario:  ¿Ha empleado éste toda la  diligencia necesaria para evitar el  mal causado como consecuencia del  acoso  moral?

La cuantificación de la indemnización por daños morales se rige por las siguientes reglas según  deducimos de la jurisprudencia -Sentencia del  J  de  lo  Social No. 30 Madrid S18 Mar 2002,  La  Ley 8-5-02- : no es necesaria su prueba directa, sino demostrar la existencia del acto;  deben ponderarse todas las circunstancias concurrentes a su valoración y la fijación del daño moral es subjetiva, mientras que la del daño material es objetiva atendiendo a las circunstancias del caso.  La  jurisdicción civil normalmente interviene por acciones contractuales y  extracontractuales,  tras  la extinción de la relación laboral a instancias del  trabajador. 

Leyes penales

Desde una perspectiva jurídico penal,  se ha regulado el  acoso sexual en el artículo 184 del Código Penal, dejando sin castigo el acoso moral en el trabajo.  El  artículo  173    también  cuenta  con  el  delito  de  tratos  vejatorios  que  podría  servir como  paliativo  de la  ausencia  de  norma  que  instituya  el  mobbing  como  acto  antijurídico.  El  artículo  316  del Código Penal califica como delictiva  la  conducta  de no  facilitar los medios necesarios para  que  sus trabajadores  desempeñen su actividad  con las medidas de  seguridad  e  higiene adecuadas,  de forma  que pongan  en  peligro grave  su  vida  o integridad  física serán sancionando con penas  de prisión  de  seis  meses  a  tres  años  y multa  de  seis  a  doce  meses mientras que la   legislación penal francesa contempla penas de hasta 3 años de cárcel y multas de hasta 60 mil  euros para los acosadores morales.


Junto  a  los  paliativos utilizados  en  la  ley  española para contrarrestar la  ausencia de norma reguladora del mobbing, existe ya una propuesta del  Grupo Parlamentario  Entesa Catalana de Progrès para  evitar el  acoso moral. Debe  quedar  claro  que  el  hecho de que el  acoso  se dé en el ámbito laboral no excluye la persecución en la  jurisdicción penal cuando  la  conducta permita  adecuarse  a un  tipo  ya  definido  en  el  Código Penal.

La  propuesta  de tipificación del  mobbing emitida  por  el  PSOE  se enmarca  en  el  ámbito  laboral  y penal.  Desde  la  perspectiva laboral  se trata  de sancionar el  acoso, a  través  de la  inversión de la  carga  de  la  prueba,  por la  que el acusado de acosador  debe  probar que no  hay  acoso.   La reforma penal  busca  su  tipificación  como delito. 

Doctrina  y jurisprudencia

El  23  de julio de 2001, por vez primera, la  Sala Tercera del  Tribunal Supremo se pronunció sobre esta forma de violencia en el trabajo atentatoria de los derechos fundamentales.   De acuerdo al fallo, el  Ayuntamiento de Coria deberá indemnizar al funcionario  Fermín S B.  con 750,000 pesetas  por  haber realizado en su contra, acoso moral.  Se consideraron vulneradas, la integridad física y moral que protege la Constitución.   El  funcionario  tuvo  que  trabajar  en una habitación sin luz natural ni ventilación, como consecuencia de un incidente relacionado con el servicio de aguas que provocó la inundación de la red, causando la salida de fango por los  grifos de los usuarios.  A  partir  del  incidente no trabajó pues no tenía ninguna ocupación efectiva, como consecuencia el  trabajador sufrió una depresión y el Ayuntamiento le denegó  la  baja temporal por enfermedad argumentando que ya se le había  excluido de todas las actividades.  Aunado a ello,  el  Ayuntamiento abrió expediente disciplinario contra el  funcionario  y le señaló ante los medios de comunicación como  el  responsable de lo ocurrido llegando  a insinuar  la  posibilidad  de  un  sabotaje. Lo cierto  es  que  el  funcionario  había  informado con anterioridad de la insuficiencia de los filtros de agua, por lo que no tenía responsabilidad por el  percance ocurrido.  El  Tribunal Supremo confirmó la nulidad de las sanciones impuestas por este incidente a la víctima.

 La condena del Ayuntamiento de Coria se basó  en  el  artículo 139  del  Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas pues se consideró la existencia de un daño efectivo  y susceptible de  ser  evaluado económicamente.   El  trabajador tuvo  una depresión que  le ha dejado secuelas afectándole  en el plano emocional, familiar y social.

En  otra  sentencia se apreció la  reacción negativa de la empresa a raíz de la publicación de un artículo en un diario residual por uno de sus trabajadores.  El  acosado  fue  sancionado con la supresión de todos los elementos técnicos y humanos necesarios para su cometido así como la retirada de las competencias propias del cargo,  trasladándole al cuarto de fotocopias y  posteriormente a recepción.

El Tribunal  Supremo  de  Justicia de Navarra, Sala  de lo Social, el  30-4- 2001, determinó  la  existencia de  acoso sobre  las limpiadoras de un Colegio  de Navarra quienes sufrían el hostigamiento del portero del  centro  que las perseguía y maltrataba verbalmente; su  estado  de ansiedad  fue considerado como  un  accidente  laboral  dándoles  derecho a la cobertura del  seguro.

La  sentencia del  Juzgado de lo Social No. 30 de  Madrid, de 18  de  marzo  de  2002,  reconoce explícitamente la  adecuación de las conductas observadas con el  fenómeno del  acoso psicológico  o  mobbing.

Existen  otras  decisiones que califican  de nulo el  despido del  acosador  o  permiten  resolver el  contrato de trabajo “a voluntad del  trabajador” por un incumplimiento del  empleador.

Si  bien  es cierto,  que uno de los pilares del  ordenamiento jurídico es  la reparación del daño producido,  teniendo la empresa que responder por la actividad de su personal directivo,  los tribunales deberán determinar en cada caso: la entidad del acoso moral,  su duración en el tiempo y las consecuencias psicológicas para el demandante,  tras haber verificado el  nexo  de causalidad entre la causa y  el  daño.   El  momento de producción de la baja,  es importante pues aunque no sirve para matizar el daño moral causado,  permite flexibilizar la cuantía de la indemnización a percibir por el  trabajador.

Las  acciones  del  trabajador

Es imprescindible  haber  efectuado la  denuncia de la  situación de  acoso  ante  el  empleador,  pues  la  víctima probará que ha  intentado evitar el  procedimiento judicial y permitirá  al  empresario  tomar  las medidas  correctivas  antes  de  que  el  caso  pase a mayores.

La próxima  actuación  de  acosado  será denunciar  la  situación  ante  la  Inspección de Trabajo por infracción  de  normas  en  materia  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo,  a fin  de  levantar acta  de infracción  y  sanción contra la  empresa.   Generalmente  la  visita  del Inspector  es sumamente  breve  para  poder  comprobar  los  actos  de acoso moral.

Para  interponer  la  acción de acoso moral  deben  tenerse como  presupuestos: la  prueba  del    daño  objetivado de carácter psicológico o  moral que ha  sufrido  el trabajador y una  descripción cronológica de  los  ataques que  se  han  producido.  Estas  actuaciones deben  tener  por  finalidad  la  destrucción  psicológica del  trabajador, lo  que  nos lleva a la  dificultad  probatoria  pues  se desarrollan en la intimidad.

La existencia jurídica del  acoso requiere que la  duración  temporal de los  actos sea  prolongada en el  tiempo y esto nos conduce  a  otro  punto   a  sopesar que  es  el  de la  prescripción  de la acción  pues  aunque los  derechos fundamentales son  imprescriptibles,  se  da preponderancia al  principio general de la seguridad jurídica a la  que tienen  derecho también los  acosadores.  La inseguridad  se plantea  en  torno  al  comienzo del cómputo  de  ese  plazo  de prescripción,  que  resulta  antítesis  del mobbing ya  que  éste  no  puede ejecutarse en un tiempo reducido.

Son  diversas  las  acciones  que  podrían  ejercitarse  ante  los  tribunales:  la  tutela  de los  derechos fundamentales,  al  amparo del artículo  180  Ley de  Procedimiento Laboral;  la  acción de resolución de contrato de trabajo a  instancias  del  trabajador por incumplimientos  graves  basándose en el artículo 50.1 C) del  Estatuto de los Trabajadores;  o una  acción  mixta  que  combine las  dos  anteriores.

Otra  posibilidad  sería  la  de  denunciar  al  acosador  utilizando  la  vía  penal,  a  través  de una  combinación de los  delitos de tratos  degradantes  (art. 173 del  Código Penal) y  el  delito de lesiones (artículo 174  de la   misma  excerta legal).   Esta vía   requiere  la  observación  de los  plazos  de  prescripción penales  que  es  de  cinco  años  para los  delitos graves  y  tres años  para  los  menos graves (artículo  131 del  Código Penal).   Por  otro lado,  y fuera  de la  vía  Penal,  la  Jurisdicción  civil,  aplicando  la  teoría  de la  unificación  de  culpas  ha  admitido un plazo  de prescripción de  15  años. 

En resumen,  el trabajador  tiene  las siguientes  acciones: 1) denuncia ante  la  Inspección  de Trabajo,  2) demanda  laboral  por  daños, 3)  demanda  civil 4) querella  o  denuncia penal.

Medidas preventivas  del  empresario antes  del conflicto externalizado.

  Las acciones constitutivas del mobbing son de difícil detección por  otras  personas  diferentes a la víctima y aún cuando  los  compañeros identifiquen  la  actuación injusta del agresor, generalmente no  defienden a la  víctima por miedo a correr la misma suerte, al  contrario  se ponen del lado del acosador  porque creen que así no les  pasará nada.  En  otros  casos,  las  víctimas  secundarias  o  testigos  del  mobbing,  resultan  más  afectados  porque  se  sienten  cómplices.  Todo  esto nos lleva  a  un  clima malsano que  afecta  el  rendimiento  laboral de los  trabajadores  y  la  productividad  del   negocio. 

La  acreditación del  nexo causal entre la situación laboral y  el  síndrome psíquico debe  ser transparente: el daño  psicológico debe  ser producto de la actuación activa  del  acosador.  Así  lo calificó el  TSJ de Navarra en Sala de lo Social en sentencia de  30 de abril  de  2001,  pues  el  trastorno ansioso depresivo que sufrió  la demandante tenía su causa en el acoso al cual se vieron sometidas ella  y sus  compañeras, por parte del conserje del  centro que ensuciaba  todo  lo  que limpiaban,  les  agredía verbalmente y  llegó incluso a encerrarlas mientras se cambiaban de ropa. 

Las  lesiones o dolencias  exigen  guardar una relación de  causalidad con la actividad profesional en su producción  o  agravamiento.  No existe acoso moral cuando  por ejemplo un oficial administrativo  por falta de trabajo en la sección correspondiente pasa a realizar funciones de ayudante junto a otros trabajadores de la empresa, siendo reintegrado a su sección al reclamar  la modificación de las condiciones de trabajo.  Posteriormente,  la  empresa atraviesa una crisis y el  trabajador es despedido por causas económicas.  En  este  caso no se aprecia acoso moral si los  superiores  le piden disculpas al trabajador y le manifiestan su intención de  tratar  de  reubicarle  durante la crisis,  por lo que no se atenta contra su  dignidad moral.- STSJ  de  la Comunidad Valenciana,  Sala  de lo  Social Sentencia de  26- 01-04 Rec. 3517/2003 La  Leyiuris 1702471/2004)

En  ciertos casos, no es posible vincular  el  trastorno ansioso- depresivo  al ámbito  laboral,  debido a  que los  informes  médicos  se basan en la apreciación subjetiva del supuesto  acosado.  En  sentencia dictada por el  TSJ de  Madrid Sala de lo Social de  5  de  febrero de 2004  se determinó  que la  actora  ya  presentaba  trastornos recurrentes que eran desencadenados por  factores  estresantes, fuesen laborales o  familiares, por lo que no  se  consideró  que las lesiones se agravaron como consecuencia de su actividad profesional, pues aunque se  dio  una modificación de las condiciones de trabajo,  la  demandante no demostró que la  abusiva utilización del poder de dirección por parte del empresario fue la causa de su trastorno.

No puede calificarse cualquier modificación de las relaciones laborales como un caso de mobbing, pues ello nos llevaría a una gran inseguridad de las relaciones laborales. A  veces  el  trabajador alega acoso ante decisiones modificatorias  de  sus condiciones de trabajo.  Si  se suprime una sección o un servicio de acuerdo con criterios organizativos objetivos,  no  se  está cometiendo acoso contra los  trabajadores  adscritos a  ese servicio,  más aún cuando la  empresa decide no prescindir de los servicios del trabajador y le conmina a  realizar  otro  género de trabajos  pues  la medida resulta proporcional.  La empresa puede modificar las condiciones de  trabajo siempre y  cuando  se  ciña a lo dispuesto en el  artículo 39 del  ET.  El  poder de organización empresarial y la consecuente adaptabilidad del  trabajador a la actividad productiva no es sino una facultad de la actividad empresarial constitucionalmente reconocida (art. 83 CE).

Tampoco puede hablarse  de acoso moral cuando el empresario abusa de su poder de dirección, si ello no conduce a  un hostigamiento  hacia el trabajador,  aunque  éste presente un cuadro depresivo de ansiedad derivado de su actividad profesional, pues  aunque se ha dado una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la conducta del empleador es reprobable  no se trata de perjudicar la integridad del trabajador.   La  empresa en este  caso  debe indemnizar al  trabajador con base al  artículo 1101 del  Código Civil por daño emergente y lucro cesante,  fundándose en   razones diversas al acoso moral.

La  víctima debe considerarse acosada para que  exista el  acoso moral, pues si  el  afectado  no  lo  percibe, o  no  le  afecta no  se produce el  mobbing.  Leyman difiere de esta postura pues considera que muchas  veces la víctima conscientemente, niega la  existencia del  acoso aunque los  ataques  se  siguen acumulando en su  psique.

La  víctima debe poner la  situación  de  acoso en  conocimiento de la  empresa  denunciando expresamente los  actos  de  acoso.  El  abogado del  acosado  dirigirá  su  demanda contra  la  empresa  y  contra  el  acosador cuando  no  coincida  con  el  empleador,  pues  el  acosador perderá  la  veracidad  que  tendría  como testigo del proceso, restándole  la  imparcialidad  que  tendría  como un   testigo  cualquiera.   Generalmente  se  codemanda  a la  empresa  empleadora puesto  que  demostrado  el  acoso  por  parte  del  acosador y  siendo éste un  superior jerárquico,  se  establecería  inequívocamente  el  nexo con  la  empresa.  Generalmente los  tribunales condenan solidariamente a la  empresa y  al  acosador. ¿Qué  hacer  cuando se  da una  violencia  psicológica progresiva dentro  del marco de  su  empresa? ¿Cómo prevenir  las  consecuencias jurídico-económicas  que pueden recaer sobre el negocio?  La  solución  fáctica  se  encuentra  en  el conocimiento  y  detección  temprana  del  acoso moral  a  fin  de  tomar  medidas  cuanto antes,  por  ejemplo cambiando al  acosador  de  centro de trabajo.

Los  actos  constitutivos del  mobbing son  apenas significativos  desde el  punto  de  vista jurídico,  alcanzando  un  significado mayor por su  repetición continua y progresiva. Su  característica  básica  es que  afectan una pluralidad  de derechos fundamentales  tales  como la  libertad  de  comunicación,    erigiéndose  en   antítesis  del  Estado  de  Derecho. Por  lo  tanto, no se trata de actos de violencia aislados sino de una  actividad repetitiva cuyo fin es la aniquilación de la víctima. 

Las acciones a través de las cuales se desarrolla el mobbing son las siguientes:
 violencia física y psicológica,  ataque a las creencias de la víctima,  ataques a las relaciones sociales de la víctima,  dirigirse negativamente a la vida privada de la víctima,  imposición de medidas organizacionales como la  no asignación de tareas o  la asignación de  tareas degradantes. También se manipula la reputación de la víctima y se  afecta  su  comunicación con sus compañeros.  El  trabajador se aísla paulatinamente como consecuencia de la retirada de sus cometidos habituales de mayor responsabilidad hacia labores de menor categoría e interés y comienza  un  lento camino de  destrucción  que  le  lleva  a  la  depresión psicológica.

El  cambio  de actitud hacia la  víctima se produce generalmente como consecuencia de un hecho específico, a partir del cual comienza el proceso de aislamiento,  el  trabajador se muestra normalmente perplejo frente a este cambio  de situación en la empresa. 

Las conductas que reflejan manifestaciones susceptibles de producir acoso  moral son de difícil sistematización y en  consecuencia,  de  difícil  percepción por  el  empresario. Los síntomas que desarrollan normalmente las víctimas del mobbing son:  pérdida  de  autoestima,  ansiedad,  depresión,  irritabilidad,  insomnio, alteraciones psicosomáticas y  úlceras gastrointestinales.   Estas dolencias requieren un tratamiento psicológico- psiquiátrico para  evitar consecuencias trágicas.

De  acuerdo a  Leyman  el proceso cronológico del mobbing atraviesa  diversas  fases que  se  suceden.  El  incidente crítico original constituiría la  fase 1,  seguido de la estigmatización del sujeto, la  fase  3  comienza cuando  la  dirección de  la  empresa  interviene en el  caso asumiendo los  prejuicios de los  agresores  de  la  víctima convirtiéndole en una persona marcada  o  estigmatizada. La  fase  final  se  caracteriza  por  la  expulsión del  individuo de la  vida laboral y social. La  intervención  del  empresario  es importantísima  a  fin  de detectar  y  subsanar  el  acoso  antes  de  que  se vuelva irreversible. 

De acuerdo al sector de producción la violencia es más  directa verbal o física, a medida que ascendemos en la escala social los agravios se tornan más sofisticados y difíciles de discernir.  La  violencia empleada en la empresa adopta diferentes  formas: puede  tratarse  de  violencia horizontal- es la que realiza un compañero o  varios  respecto  a  otro- o  puede  ser  vertical – practicada por un superior hacia sus subordinados.  También se  han  descubierto  casos en  que resulta ser  el superior jerárquico quien es  agredido por los que  se  encuentran en un escalafón inferior; generalmente  se  produce  cuando un  trabajador es promovido a una posición superior sus antiguos compañeros  pueden sentir envidia y   boicotear las  órdenes  emitidas por aquel. Llegando a darse también  el  caso en que un cliente de la empresa ha  acosado moralmente a un empleado.  Como consecuencia de estas acciones el  trabajo de la víctima se degrada, produciendo un círculo vicioso que llevará a nuevas reprimendas del trabajador. 

Las empresas deben adoptar protocolos de prevención contra el maltrato  estableciendo expresamente  la intolerancia que debe ostentar la víctima frente a las primeras manifestaciones de maltrato.  La secuencia de agresiones hace muy difícil la detención del proceso.

La  prevención realizada  por el  empresario ante el  riesgo de  acoso  moral  debe  basarse en una planificación  y organización del  trabajo de tal  forma que  garantice un  ambiente laboral saludable.  El empleador no debe consentir las conductas de acoso eliminándoles a  través del  ejercicio  de  su  poder disciplinario y sancionador.  Los empresarios deben  tener una  política clara  antimobbing que  establezca  las sanciones  disciplinarias que  sufrirán los que la contravengan.

Actualmente,  es posible solicitar una  evaluación de los riesgos psíquicos que se producen en un centro  de trabajo  a fin de tomar las medidas correctivas apropiadas.

¿Riesgo laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo?

Se le considera como accidente de trabajo pues constituye toda lesión sufrida por el  trabajador como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena,  existiendo un nexo de  causalidad  entre la ejecución y la lesión.

Podría  considerarse como una enfermedad profesional, sin embargo hasta ahora no se le ha estimado así pues  la  clasificación de estas enfermedades constituye una lista  cerrada.  No  teniendo esta consideración, es importante  que  se  determine  la  calificación de la  incapacidad  temporal como derivada del  accidente de  trabajo. -Art. 115 LGSS-. Siempre  es posible  incitar  al  Instituto Nacional de Seguridad  Social para  que  comience un procedimiento interno en  el  cual  se  aclare el  origen  de  la  incapacidad  temporal  ya  iniciada;  la  resolución  que  se  dicte  al  respecto  será  vinculante  para la  Mutua  de  Accidentes.

La  calificación de la  incapacidad  temporal como  derivada  de  accidente  de  trabajo  permite un cambio  de  calificación  fundada en  la  falta  de  medidas  de  seguridad  de  la  empresa y un  recargo  de  las prestaciones  económicas del  30% al 50%,  sólo en los  casos  de  enfermedad  profesional y  accidente  de  trabajo. Artículo 123 LGSS. Recargo  que  es  responsabilidad exclusiva de la  empresa.

Sobre la consideración como accidente de trabajo se ha pronunciado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, fundándose en el artículo 115 de la Ley  General de Seguridad Social,  definidor  del  accidente de  trabajo. El  punto 2  apartado  e  del artículo  dice: “Tendrán la consideración de accidente de trabajo:  las  enfermedades no incluidas en el artículo siguiente (que  se  refiere  a las  padecidas con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del  accidente) que  contraiga el  trabajador con motivo de la realización de su trabajo,  siempre que se pruebe que la enfermedad  tuvo su causa exclusiva en la realización del mismo. Se presumirá  salvo prueba en contrario que son constitutivas  de  accidente de trabajo las lesiones que sufra el  trabajador durante  el  tiempo y el lugar de trabajo.”

La  calificación de  accidente de  trabajo  es  relevante pues las empresas tienen concertadas  coberturas de riesgo para la contingencia de accidentes de trabajo, lo cual concierne también a las aseguradoras.  Es  necesaria  la emisión de dictámenes médicos que  establezcan  la  relación de causalidad  entre  los  padecimientos y  el  trabajo.

Si le consideramos como un  riesgo  profesional,  el  empresario tendrá  el deber  de  prevenirlo, por lo tanto se impone un  tratamiento específico en la normativa de  riesgos laborales.  Los  factores  de  riesgo  que  pueden  causar potencialmente un malestar psíquico pueden  referirse  tanto  al  contexto  del trabajo como a su contenido. El  empresario  tiene la  obligación  de identificar  el  riesgo  y valorarlo  y  acto  seguido  tomar medidas  para prevenir  las cuales  pueden  ser  de carácter  general u  organizativo.

La inversión de la  carga  de la prueba

El  Tribunal debe  determinar qué hechos de los que se detallan en la demanda de acoso moral, han quedado probados, y el momento y forma en que se han producido, a fin de determinar si la conducta reseñada encaja con la definición de mobbing ya planteada.  Posteriormente, debe dedicarse a la tarea de encajar estas conductas con la normativa legal existente para finalmente determinar la procedencia de la indemnización solicitada y la cuantía.

El Juez y la Inspección de  Trabajo tienen tendencia a la inversión de la carga de la prueba, por lo que el empresario presunto acosador tiene que demostrar su inocencia, prueba  que  resulta tan difícil como la del supuesto acoso. Al  empleador corresponde demostrar la no existencia del acoso moral, dejando de lado la presunción de inocencia que la Constitución consagra. Esto  nos  lleva  a pensar que un equívoco  podría ser fatal dentro del ámbito laboral.

La situación se plantea especialmente delicada pues los trabajadores no están exentos del incremento de la violencia psicológica que afecta todos los niveles de la sociedad.  La prueba  se  complica y su carga suele ser sumamente costosa.

Hacia una situación intermedia se esboza la proposición de inversión de carga de la prueba solamente cuando existan indicios de mobbing.  Esta posición ecléctica nos llevaría a  ser menos exigentes en el establecimiento de indicios,  pero tampoco  la  consideramos adecuada porque  podría  llevarnos  a  consideraciones  subjetivas:  entonces cuándo podríamos  afirmar que  existen  indicios de  acoso moral?

Por  otra  parte, la prueba pericial resulta muy difícil puesto que aún cuando se emiten dictámenes psiquiátricos, no contamos con estudios previos sobre la psiquis de la víctima para determinar  si  la  inestabilidad  era  anterior al  problema  laboral  o  ha  surgido como  consecuencia de éste.

Nuevamente,  recomendamos ser cuidadosos con el análisis de la prueba aportada, los informes médicos  en los que se  determina la  existencia de stress laboral  no  son suficientes  pues  ello no necesariamente  deriva  del  maltrato empresarial alegado.  Los informes elaborados en base a las  referencias del  demandante requieren una atención especial  como  se pudo apreciar en el caso de la demandante que argumentaba  sufrir de  stress laboral por haber  recibido  maltrato verbal  por  parte de su  empleador,   pero aportó como pruebas la baja por depresión en gestante que no tiene nada que ver con el  ámbito  laboral,  luego la baja por maternidad y a continuación la baja por “stress laboral”. Difícilmente pudo recibir el  acoso contínuo que requiere la calificación de mobbing si  desde hace un tiempo no se ha reincorporado al trabajo.

La prueba documental que se aporta en el expediente por la demandada debe sopesarse y contrastarse en justo término con la del actor, dándose especial atención a las pruebas  respecto a los informes  y cometidos del actor. Las  medidas que emplee el trabajador contra el empleador no pueden ser apreciadas individualmente  sino en conjunto, pues sólo de  esta  forma se podrá apreciar si atentan contra la dignidad del  trabajador y  su  derecho a la ocupación efectiva.

Los  tribunales  apreciarán  efectivamente el historial  del  trabajador  en la  empresa pero su historial  psicológico, con anterioridad al incidente de supuesto acoso no se tendrá en la mayor parte de los casos. 

Preparación  del proceso  por  mobbing

Ante la  detección de un problema de acoso moral en el  trabajo,  debe  ponerse en conocimiento del superior jerárquico, del comité de empresa,  del  comité de riesgos laborales.  Si  todo esta periplo resulta infructuoso,  la  próxima puerta  a llamar será  La Inspección  de  Trabajo,  y  finalmente los  Tribunales.  Las vías  para  promover las acciones  comprenden la civil, laboral,  penal  y  administrativa.  Algunos  estudiosos  comentan  la  posibilidad  de combinar  las  diversas vías  para  contrarrestar el acoso efectivamente.

La  labor de un  buen  abogado de la  víctima es   realizar  su  actividad  en  coordinación con el  terapeuta  del acosado  a  fin  de   facilitar la  relación  con  el  cliente y  plantearlo  adecuadamente ante la instancia jurídica elegida.  Posteriormente  determinar  quién  es el  acosador,  establecer una  secuencia  cronológica  de  los  actos de acoso a  fin  de instaurar  adecuadamente el  proceso.   Debe  pedir a  su cliente que anote todos los  actos  que  ha sufrido y  que  pudieran  ser  constitutivos  de  acoso  moral  a  fin  de que el  letrado  los  califique objetivamente  al  formular  la demanda.

Las consecuencias de la prueba del mobbing son  el reintegro inmediato del demandante a sus funciones propias de trabajo, dotándole de los medios materiales y humanos para desarrollarlas, con el cese inmediato de los comportamientos anunciados.      La condena del empleador o Administración denunciado a una cantidad determinada en concepto de daños morales.  Se reivindica, de esta  forma,  el  derecho del  trabajador al  trabajo restituyéndole sus tareas y  cometidos anteriores.  No obstante,  las sanciones  se dirigen  contra  las  empresas o  instituciones en  las  que  se produce el  acoso,  quedando impunes los instigadores,  que no  están recibiendo  una sanción.

Por  otra  parte,  cabe  preguntarse  si  la víctima de un acoso podría soportar psicológicamente la  vuelta  al  trabajo, pues  para ella significa la  vuelta  a un  entorno en  el  que  se desarrolló  su  violencia psicológica.

Conclusiones

La OIT ya ha señalado que los riesgos psicosociales  laborales están en aumento creciente..  La nueva  concepción del trabajo en que interesan  más los resultados que la satisfacción de las necesidades de los trabajadores está llevando a una reducción del mismo como una simple necesidad para cumplir con la economía familiar.

La solución al  problema se encuentra en la educación y  formación de directivos, con especial atención a la comunicación  y dirección de los recursos humanos a su  cargo.  Iñaki Piñuel y Zabala en  su obra “Neomanagement, Jefes Tóxicos y sus víctimas” se refiere  a la  erradicación  de  estos  directivos como  primer paso para eliminar el mobbing.  Trata aspectos como  la  clonación de los jefes tóxicos pues el superior con su conducta abusiva provoca  las mismas reacciones del inferior jerárquico respecto a sus subordinados desencadenando una reacción  sin límite.

Los directivos que creen que maltratar a sus subordinados haciéndoles  trabajar  más por menos dinero y  amenazándoles con el despido, no hacen sino desatar una serie de estrategias defensivas por parte del trabajador que contaminan el escenario laboral.

Pero no sólo se  trata de un problema de la empresa pues el mobbing se  desarrolla también ampliamente en la Administración Pública donde no están en juego la productividad sino la exaltación del ego de sus dirigentes.  Este ámbito de la función pública, así como el de hospitales, escuelas,  universidades y prisiones es particularmente propicio para el acoso  moral pues siendo el despido imposible,  los ataques son más brutales y  se enfocan a que la propia víctima se autoelimine solicitando un traslado de manera voluntaria. 

Las fuerzas sociales también deben establecer su posición en torno al problema pues, todos  aquellos que no hacen nada pudiendo hacerlo, se convierten en cómplices de este acoso moral.  Ya la OIT ha dado un primer paso  en  ese sentido, firmando un convenio colectivo sobre  prevención y solución de reclamaciones en materia de acoso entre OIT y el sindicato de la organización.

  El  fenómeno debe  tipificarse  para  que  quede  definido  jurídicamente, para que  estos  comportamientos en el  ámbito  laboral  tengan  un  freno,  en  el  que  el  empleador se  vea  constreñido si no ha  tomado las  medidas  oportunas tras detectarlo. Estas  medidas no deben  dirigirse hacia el  cambio  de posición del trabajador acosado  sino  hacia  el  traslado  del  acosador.

Las autoridades  ya  han  dado  un  paso adelante, reconociendo este acoso y realizando una política clara  y contraria al fenómeno descrito, lo  cual  beneficiará a las personas que  se  encuentren en riesgo  de  sufrir mobbing y reducirá las posibilidades de litigio en las instituciones.

El  empresario  resulta  el  primer  interesado  ya  que la  desaparición del acoso evitaría un  gasto a la  empresa  que  va más  allá de las  30  millones de euros hoy. Las  consecuencias económicas  para  la  empresa son las  siguientes:  pérdida de buenos empleados, incrementos en las  compensaciones de los trabajadores,  relaciones públicas negativas, pérdida de inversiones, multa de los sindicatos,  pérdida  de productividad  y gastos  por pleitos.  La preocupación  que  comenzó en  el  seno de la  empresa  se ha extendido a  las  aseguradoras  pues  son  cantidades  astronómicas  las  que  se alcanzan en costes  de disfuncionalidad  producidas por el  mobbing. 

Hemos notado que  hoy la  jurisdicción civil otorga más  protección  a  las víctimas  del mobbing que  la  laboral por lo que  se  está utilizando  más, aunque la  laboral  debería  ser  la  única  jurisdicción competente  en  este tipo  de  reclamaciones que  se  dan  en  el  marco  de la empresa  y  como  producto  de  la  relación laboral.

Por  otra parte,  todos  los  responsables ya sea  de  prevención  de riesgos  laborales  así  como  las  autoridades  administrativas,  abogados  etc  deben  estar  suficientemente  sensibilizados  para dar  a  las  herramientas legales  la  correcta  aplicación  y  hacer  uso  de  las  armas preventivas  en  buen momento. Cada  parte  concernida  dentro  de  este  problema  debe  asumir sus  responsabilidades  y  dejar  de apoyarse  en  la  omisión  de  otros,  so  pena  de  caer en  comisión  por  omisión. 
No  debemos  tampoco  pasar  al  otro  extremo,  tildando cualquier  conducta  de modificación  de las  condiciones  de trabajo  en  acoso  moral pues  ello  nos  llevaría hacia una gran inseguridad  en el  ámbito laboral, tratándose  de  conductas  que  se  dan  en la intimidad de la empresa, por tanto existe  dificultad probatoria.   La  personalidad del acosado debe  investigarse  a  fondo  pues podría ser simplemente un sujeto con complejo de persecución.  Debemos tener cuidado al calificar como mobbing las situaciones tensas que pueden desarrollarse entre empleadores y  trabajadores.  La esencia del acoso moral está en la intensidad y repetición sistemática de la agresión que se dirige a la destrucción psicológica de la persona,  el  análisis  objetivo de  la situación  laboral  es imprescindible.