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| Fagor Arrasate S. Coop. Fabrica de Mondragon (Photo credit: Wikipedia) |
La solicitud voluntaria de un concurso de
acreedores es muchas veces el único medio para salvar una empresa. Como toda
operación jurídica es una operación arriesgada y nunca hay seguridad jurídica
de que el paciente, la empresa en dificultades, sobreviva al procedimiento pero
¿Qué alternativa hay?
Cuando un empresario, una empresa o un
particular se encuentran en serias dificultades para atender sus deudas,
insolvencia temporal o definitiva, pueden acogerse al expediente judicial del
concurso de acreedores. El objetivo en principio es que la concursada sobreviva
con el número máximo posible de sus empleados, reorganizando sus finanzas y
consiguiendo que los acreedores cobren lo máximo posible y, en todo caso,
evitar las ejecuciones individuales, al menos durante la tramitación del
concurso, sobre los activos del deudor que conducen a un desmantelamiento
caótico de una organización productiva y a que unos acreedores, los que pueden
llegar antes, cobren más que otros.
Centrándonos en la solicitud por parte de una
entidad mercantil, la solicitud de concurso de acreedores ante el Juez de lo
Mercantil puede hacerse de forma voluntaria por el deudor o bien por solicitud
de alguno de sus afectados. Si la solicitud de
declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su estado de
insolvencia en el momento de presentar la solicitud. Si la solicitud la
presenta un acreedor, deberá fundarla en la existencia de tal estado de
insolvencia y sobreseimiento general de
pagos por haber embargos por ejecuciones pendientes, incumplimiento
generalizado de pago de obligaciones tributarias, de pago de cuotas de la Seguridad Social
o de pago de salarios e indemnizaciones derivados de las relaciones de trabajo...
pero esta solicitud por un acreedor ciertamente genera una posición de
desventaja en el deudor, así que es lógico adelantarse, sobre todo porque hay
plazos legales perentorios a partir de la aparición de la situación real de
insolvencia.
El Juez de lo Mercantil hará la
declaración de concurso después de estudiar la solicitud y la compleja
documentación que la ley exige que se acompañe a la misma y, por muy extendida
que esté la idea, no supone la desaparición de la empresa, todo lo contrario, en
principio el procedimiento judicial está pensado para permitir su continuidad.
El Juez debe nombrar una
Administración Concursal, entre uno y tres expertos, que por un lado
intervendrán en la administración junto con los administradores existentes
–salvo que el Juez decida su sustitución por razones fundadas-, y, por otro
lado harán los informes que establecerán la verdadera dimensión del pasivo y de
los medios existentes para satisfacerlo, así como otros informes esenciales
para determinar las responsabilidades en la situación concursal.
El procedimiento se encamina a un final por
acuerdo de los acreedores con el convenio, que se refleja en una sentencia; en
caso de no obtenerse tal convenio, puede concluir en liquidación, que a veces
es la única manera de que la persona o empresa insolvente deje de generar más
deudas.
En todos los casos de conclusión del
concurso, cesarán las limitaciones de las facultades de administración y
disposición del deudor subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia
firme de calificación. Cuando la conclusión tenga lugar por inexistencia de
bienes y derechos, el deudor quedará responsable del pago de los créditos insatisfechos
restantes.
Que la entidad solicitante sea una Sociedad
Cooperativa no implica diferencias en el procedimiento concursal común a todos
los empresarios, a pesar de que la propia Ley Vasca de Cooperativas, por
algunos de sus preceptos, pueda generar ciertamente conflictos internos en este
tipo social.
Abogados: despidos, crisis, concurso acreedores
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